A la espera.-  Según uno de los considerandos del decreto presidencial  que dejó sin efecto el poder  especial otorgado a la Oficina Supervisora de Obras del Estado para suscribir un contrato con el consorcio Carretera  Internacional para el diseño, construcción, ampliación y rehabilitación de la carretera entre Pedernales y Hondo Valle por un monto de US$389,036,106.11, se actuó así   “para satisfacer requerimientos de la opinión pública que estiman que mediante licitación el interés nacional estaría mejor protegido”.

La decisión del Poder Ejecutivo  de dar marcha atrás a ese  contrato atendiendo a  los reclamos de una opinión pública que, alertada por la denuncia del periódico  El Nacional, reaccionó alarmada por la concesión de una obra de esa envergadura sin que mediara una  licitación  pública, constituye un precedente perfectamente aplicable a otro escándalo   que tambien ha provocado gran revuelo: el arrendamiento, sin concurso ni licitación, de las cabañas del vacacional Ercilia Pepín, en Jarabacoa, a funcionarios del gobierno, legisladores, políticos, militares, faranduleros,  y connotados periodistas.

El Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Temístocles Montás, prometió en un programa de televisión que tan pronto regresara el presidente Leonel Fernández de su  gira por Medio Oriente y Europa le plantearía la necesidad de anular esos contratos de arrendamiento debido a que entran en contradicción con el decreto presidencial que declara el 2011 como  “Año de la Transparencia”, pero  hace ya mas de una semana que el mandatario regresó al país y es muy poco lo que se sabe de esas diligencias. Pero como la esperanza –dicen– es lo último  que se pierde, todavía confiamos en que, al igual como se dejó sin efecto el contrato grado a grado para la construcción  de la carretera Pedernales-Hondo Valle,  se haga lo mismo con el arrendamiento ilegal de las cabañas  del vacacional Ercilia Pepín en Jarabacoa.