El peor ciego-. No hay peor ciego que aquel que no quiere ver, salvo un político cuando está en el gobierno. El ejemplo más a mano, y desde luego no el único, es el doctor Franklyn Almeyda Rancier, quien fiel a su estilo de disparar primero y  atenerse  luego a  las consecuencias acusó al narcotráfico de apadrinar las protestas de Capotillo, donde la pasada semana  murieron un herrero de 24 años y un adolescente de 13 cuando la Policía Nacional  reprimía  una protesta contra los apagones y en reclamo de  agua potable.

Pero como el que dice lo que no debe termina  escuchando lo que no quiere, ha encontrado el Secretario de Interior y Policía quien lo ponga en su puesto diciéndole –o más bien recordándole–    unas cuantas verdades. El sacerdote Wilfredo Montaño, párroco de Capotillo, no solo ha negado, con todo el énfasis necesario, que las protestas contra los apagones  que atormentan a los residentes de Capotillo así como al  resto del  país estén siendo financiadas por los narcotraficantes del barrio, sino que le ha recordado también al doctor Almeyda una vieja deuda todavía pendiente: los proyectos comunitarios destinados a mejorar la calidad de vida de los beneficiarios de Barrio Seguro, que aún siguen siendo una promesa sin cumplir, mientras el propio programa languidece  a causa de la complicidad y la connivencia promiscua entre policías, delincuentes y narcotraficantes.

Y todo porque el secretario de Interior y Policía, como otros funcionarios que prefieren atribuir motivaciones políticas a las protestas que se producen en distintos puntos del país, se niega a reconocer lo evidente, lo que está a la vista de todo el mundo, menos de los políticos en el gobierno: que la gente está harta de exigir a sus autoridades, sin ningún resultado,  la mejoría de servicios tan básicos y necesarios  como agua potable, energía eléctrica, arreglos de calles y un largo etcétera de padecimientos producto de la   indolencia culposa de los que mal  gobiernan.