¿Qué invento es ese?
El gobierno debería explicar con mayor amplitud la decisión de poner bajo el mando de la llamada Policía Preventiva a la Autoridad Metropolitana del Transporte (AMET) y la Policía Turística (POLITUR), sobre todo si obedece -según el anuncio del secretario de Interior y Policía- al interés de las autoridades de aumentar el número de agentes disponibles para enfrentar la delincuencia y la criminalidad. ¿Quiere eso decir que en lo adelante los agentes de AMET podrían ser enviados a patrullar los barrios calientes, semilleros de nuestra delincuencia?

¿Debemos interpretar que el personal de Politur, en el que se han invertido tiempo y recursos para ponerlos en capacidad de bregar con turistas, también sería utilizado en esas tareas? ¿No se suponía que AMET pasaría a formar parte de la superestructura del transporte que dirigirá el diligente Diandino? ¿O es esa la solución que alguien se sacó de la manga ante la imposibilidad de hacer regresar a las filas de la Policía a los 15,000 agentes que el doctor Franklyn Almeyda dice están prestando servicios en instituciones privadas? Hay demasiadas preguntas sin responder, y demasiados cabos sueltos también, alrededor de ese invento con tufo a improvisación que acaba de parir el Consejo Superior Policial. Esperemos las explicaciones.

—–

Representantes del pueblo
A estas alturas de las investigaciones que encamina la Procuraduría General de la República en torno a la utilización irregular de pasaportes oficiales asignados a regidores y sus familiares, que las autoridades acaban de hacer extensiva a cuatro oficialías del Estado de Civil del Sur y del Cibao, a nadie le caben dudas de que se trata de una operación delictiva de gran envergadura y de la que se han beneficiado, incluso, varios deportados de Estados Unidos que viajaron ilegalmente a Europa, sin dejar de mencionar los regidores que después de muertos se «casaron» con sendas mujeres, que gracias a esa milagrosa resurrección hoy se encuentran muertas de la risa en España.

Esas ocurrencias, tan bochornosas como dañinas a nuestra maltrecha institucionalidad, no hacen más que darle la razón a los que consideran urgente no solo contener la hemorragia de legisladores y regidores que produce nuestra democracia cada cuatro años, sino también crear los mecanismos legales que permitan mejorar de manera sustancial la calidad de unos «representantes del pueblo» tan poco presentables.

—–

Excepciones
Antes de que el gobierno tome la decisión de prohibir la venta de combustibles en envases varios, como anunció ayer el secretario Administrativo de la Presidencia Luis M. Bonnetti, sería conveniente, y más que nada justo, que se tomaran en cuenta algunas excepciones, a fin de evitar excesos o abusos innecesarios.

Y es que no todo el que acude a una estación de servicio con un envase en la mano es un potencial especulador, de lo que pueden dar fe miles de ciudadanos que tienen una planta de emergencia en sus casas a causa de nuestra inacabable crisis eléctrica, sin dejar de mencionar los miles de pequeños negocios -desde bancas de apuestas hasta salones de belleza- que tienen que abastecerse de pequeñas cantidades de combustible para desempeñar sus actividades productivas. Será difícil para nuestras autoridades, nadie ha dicho lo contrario, encontrar una solución que impida la proliferación de un peligroso mercado informal de combustibles y que a la vez permita que toda esa gente salga injustamente perjudicada, pero para que tomen ese tipo de decisiones, precisamente, es que les pagamos a nuestros funcionarios públicos, y muy bien por cierto. ¿O no?