Disparidad de criterios
Todo parece indicar que el secretario de Interior y Policía, el doctor Franklyn Almeyda, le ha «cogido mala voluntad» a las motocicletas llamadas saltamontes, que no considera adecuadas para el desempeño de las tareas policiales por estar demasiado asociadas a la comisión de hechos delictivos, prejuicio que lo ha llevado al extremo de adquirir en Estados Unidos 14 motocicletas de la famosa marca Harley Davidson, con un costo total de siete millones de pesos, para utilizarlas en labores de patrullaje en Capotillo y otros barrios como parte del Plan de Seguridad Democrática.

«Identificar al policía es importante y no relacionarlo con la delincuencia es mucho más importante. Usted sube un delincuente en una Hartley y parece un policía», declaró recientemente el doctor Almeyda en un programa de televisión, donde defendió con ardor y convicción la decisión de utilizar esos vehículos para la persecución del delito y los delincuentes. Ese no es, sin embargo, el criterio que prima en la Policía Nacional, de la que el secretario de Interior y Policía -dicho sea de pasada- es el superior jerárquico, pues apenas hace un par de días la institución celebró la graduación de una nueva unidad especializada en patrullaje, «Los Linces», cuyos integrantes realizarán su trabajo montados, precisamente, sobre ágiles y potentes «saltamontes». ¿A quién debemos creerle?

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Exabrupto

Hechas ya todas las precisiones y aclaraciones que se ha creído pertinentes en torno a la denuncia de que las autoridades educativas adquirían a sobreprecio parte de la leche destinada al desayuno escolar, tal vez valga la pena detenerse un segundo, antes de que ese episodio quede sepultado en el olvido por el aluvión de informaciones que inundan los periódicos día a día, en algo que nos llamó poderosamente la atención: la facilidad, casi como un reflejo automático, conque fue suspendido el desayuno, afectando a miles de estudiantes a los que no había necesidad de sacrificar para realizar una indagatoria que, hasta donde se sepa, es de índole estrictamente administrativa.

Habrá quien argumente, en beneficio de la temperamental Alejandrina Germán, que fue una decisión tomada bajo el influjo de emociones salidas de cauce o producto de la indignación provocada por una denuncia maliciosa y habría que aceptarlo, pues cada quien es libre de pensar lo que quiera, sobre todo si le conviene.

Desde aquí, la intempestiva decisión de la secretaria de Educación se vio como un exabrupto, como un gesto mas de soberbia e intolerancia ante los cuestionamientos y las críticas, a las que los peledeístas se han vuelto extremadamente sensibles desde que están en el gobierno.

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Andanada innecesaria

Mal harían el gobierno y sus defensores si interpretan como una rectificación la carta remitida por el obispo de La Vega, monseñor Antonio Camilo, a los medios de comunicación, en la que el prelado reclama que las palabras utilizadas durante la homilía del pasado domingo en el Santo Cerro, con motivo del Día de las Mercedes, sean tomadas única y exclusivamente como lo que fueron: el reclamo de una muy sentida reivindicación social, en este caso de una comunidad bajo el amparo protector de la Iglesia a la que representa y sirve.

De hecho, la carta «aclaratoria» loque hace es ampliar el contenido y alcance de esos reclamos, desatendidos insensiblemente por sucesivos gobiernos, pero más que nada subraya, con particular énfasis, el derecho que asiste a la Iglesia, que acompaña en el día a día a los pobres y sus inacabables miserias, a llamar la atención de los gobiernos sobre las necesidades y carencias de su rebaño. Salvo el presidente Leonel Fernández, desgraciadamente, nadie en el gobierno lo entendió así, a pesar de que el mandatario señaló con claridad meridiana cuál era la tónica de una reacción oficial que nunca debió convertirse, como en efecto sucedió, en una andanada de alusiones y ataques tan desconsiderados como fuera de proporción.