Pidiendo cacao.- Me cuentan que los diputados perredeístas que en su afán de hacerse los graciosos con el gobierno y su candidato Danilo Medina se prestaron a denunciar públicamente, basándose en una grabación telefónica obtenida de manera ilegal, una supuesta trama para asesinar al presidente del PRD Miguel Vargas Maldonado andan por ahí tocando puertas en procura de un bajadero político que les permita eludir las consecuencias de su bellaquería, que ya está en manos de la Suprema Corte de Justicia, donde los dirigentes perredeístas Guido Gómez Mazara y Leo Adames depositaron una querella por violación de su intimidad.
Pero me dicen también que esas apuradas diligencias no tendrán ningún resultado positivo, pues Gómez Mazara está cerrado a banda, negado –con la vehemencia que le caracteriza– a desistir de su acción judicial, y sobre todo decidido a poner a prueba a nuestro sistema de administración de justicia, emplazado con esa querella a sancionar una actividad que a pesar de estar expresamente prohibida por la Constitución se ha convertido en práctica aceptada y tolerada; a tal extremo, que el propio gobierno es un cliente habitual de los empresarios (perdonen el cinismo) que en el país se dedican a esa lucrativa (pero ilegal) actividad comercial. Confiados en que su hazaña, una vez pasado el fragor de la campaña electoral, caería en el olvido, que los agraviados se conformarían con lamerse las heridas y aquí no ha pasado nada, los autores de esa denuncia están ahora muy inquietos y nerviosos por las repercusiones y consecuencias de la demanda interpuesta ante el alto tribunal por los dirigentes perredeístas, pues tiene todas las posibilidades de terminar en una condena que está llamada a ser ejemplar y aleccionadora.