Otra vez el candado
Como era de esperarse en un país donde solo se pone el candado después de que ocurre el robo, el Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, dispuso ayer la clausura del colmadón donde resultó muerto el ex campeón mundial de boxeo Agapito Sánchez, a manos de un sargento de la Policía Nacional pasado de tragos y testosterona.

La medida, según nota de la Procuraduría, está sustentada en la resolución 11637 que ordena la clausura de los centros de diversión donde se produzcan casos de violencia, pero está claro que resulta insuficiente, y la razón es muy sencilla: la medicina solo ataca los efectos, los síntomas, de la enfermedad, no lo que la provoca, su causa, que no es otra que la excesiva cantidad de armas de fuego en manos de la población civil y, por supuesto, la incapacidad de nuestros cuerpos armados, tanto policías como militares, de impedir que sus miembros acudan armados a centros de diversión a ingerir bebidas alcohólicas. La vida de Agapito Sánchez, al igual que las de muchos dominicanos y dominicanas muertos de manera absurda por culpa de la violencia y las armas de fuego, no nos la va a devolver nadie, pero tampoco será cerrando colmadones ni centros cerveceros como podremos detener la insensata matanza.

Un enemigo de consideración

Nada más ilustrativo del enemigo al que nos enfrentamos que el anuncio de la Policía Nacional del apresamiento de un ciudadano colombiano y un dominicano cuando intentaban vender un fusil de guerra a otro hombre en el parqueo de un conocido supermercado de la Capital, que la institución define como un duro golpe a una organización que se dedica a la venta de armas largas y de guerra a quien pueda interesar. Por eso hay que prestar atención al argumento de los comerciantes de Santiago que se resisten a las regulaciones sobre el porte de armas que intenta establecer la Secretaría de Interior y Policía, que alegan se les quiere despojar de su único medio de defensa ante una delincuencia «armada hasta los dientes». La situación es bien complicada y entraña un gran reto para la imaginación de las autoridades, que si bien están obligadas a realizar un esfuerzo por reducir la gran cantidad de armas en manos de la población civil, tampoco pueden dejar a esa población a merced de una delincuencia a la que nadie se está ocupando de desarmar.

La ley de la selva

En Santiago las empresas telefónicas -Verizon y Tricom- han decidido rascarse con sus propias uñas, como recomendó una vez Hipólito, para enfrentar el grave problema del robo de cables en la región Norte, que ha representado para esas empresas, en lo que va de año, pérdidas por alrededor de cincuenta millones de pesos. Ramón Aybar, funcionario de Verizon, explicó que su empresa ha contratado servicios de vigilancia privada adicionales para evitar el robo del tendido, además de la contratación de investigadores y especialistas no solo para determinar quién les roba y dónde va a parar lo que les roban, sino también para llevar a los responsables de esos robos ante la Justicia. Lo que esas empresas han hecho, simple y sencillamente, es suplir las deficiencias y limitaciones de la Policía Nacional, sumida en una indigencia de personal y recursos penosa, pues no resulta rentable seguir soportando un saqueo tan oneroso para sus operaciones. Así empezamos cuando, en algún momento, la eterna crisis eléctrica nos convenció de que cada quien tenía que proveerse de energía como pudiera, y ahora vamos por el mismo camino. En esta gran selva en que nos estamos convirtiendo solo los más fuertes, o los mejor armados, sobrevivirán. Y a Dios que reparta suerte…