Policía ecológica
Cuando se dice que la Policía Nacional enfrenta «a mano pelá» a una delincuencia muy bien armada, que ha conseguido, incluso, especializarse en playas extranjeras (¿qué creen ustedes que son los miles de repatriados que nos llegan recién graduados desde las cárceles de los Estados Unidos y Puerto Rico?), simplemente se está describiendo, de la manera más gráfica posible, los niveles de precariedad con que desempeña su trabajo la institución responsable de velar por el orden público y la protección de las vidas y bienes de los ciudadanos, pero aún así esa descripción resulta insuficiente.

Esa indigencia, tan vergonzosa como patética, se expresa de muchas maneras y por distintas vías, como por ejemplo en la petición pública que ha hecho el doctor Domingo Porfirio Rojas Nina, alto comisionado de los derechos humanos, al presidente Leonel Fernández, para que equipe de vehículos a la dotación policial de San Cristóbal, cuyos agentes tienen que perseguir a pie, literalmente, a los delincuentes, y no precisamente por razones ecológicas o medioambientales.

San Cristóbal es, precisamente, una de las provincias del país donde más se ha incrementado la delincuencia y la criminalidad, de lo que pueden dar fe los atemorizados sancristobalenses, pero hasta que el doctor Rojas Nina ha hecho público su reclamo se ignoraban las razones del alarmante crecimiento de las actividades delictivas en un pueblo que, al igual que muchos otros en el resto del país, dejó de ser un lugar tranquilo y pacífico de un día para otro.

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Recomendaciones

Como no queda más remedio, de ahora en adelante, que ajustar nuestras vidas -tanto la productiva como la estrictamente recreativa- al plan de ahorros de combustibles, sería bueno hacerle llegar al gobierno un par de recomendaciones, absolutamente interesadas, a fin de ayudarle a cumplir, sobre todo a sus funcionarios, con la cuota de sacrificio que le corresponde.

En primer lugar, sería conveniente habilitar una línea telefónica, disponible las 24 horas del día, donde la ciudadanía pueda reportar cada vez que vea un vehículo oficial circulando fuera de horario, una forma de colaboración que los auspiciadores del plan de ahorro agradecerían; y la segunda, disponer de una rebaja sustancial -lo ideal sería su total eliminación- de la asignación de combustibles a los funcionarios, que se supone utilizarán menos sus vehículos oficiales con las nuevas restricciones. Ambas recomendaciones, no hay porqué ocultarlo, son un reflejo de las dudas que todavía existen sobre la disposición de nuestros funcionarios públicos a convertirse en el inspirador ejemplo que demandan las circunstancias.

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Asesores

Después de leer la extensa lista de asesores, 31 en total, conque cuenta un Presidente de la República en este país, podría llegarse a la conclusión de que nuestros presidentes se equivocan simple y sencillamente porque les da la gana, perfectamente conscientes de porqué lo hacen y a quién perjudican con sus «errores», pero no hay tiempo ni espacio para extraviarse por esos laberintos de la política o la dialéctica.

Por ahora basta y sobra señalar que nada hay de malo o pecaminoso en que un Presidente de la República, en su interés de estar en capacidad de tomar las decisiones más convenientes para «las grandes mayorías nacionales», escuche las opiniones mejor fundamentadas o las más autorizadas, sin importar que para ello necesite 32, 150 ó 300 asesores, o como quiera llamárseles, porque al fin y al cabo los resultados de esas consultas están llamados a compensar el costo en que se incurra. Lo censurable es que, como se sospecha, los asesores en cuestión cobren un salario jugoso (llamarle «decente» sería demasiado cínico) por unos consejos que nadie se molesta en solicitar y mucho menos en escuchar.