Error garrafal.- Entregar una Dirección General tan estratégica como Migración a un aliado político siempre es un riesgo, mucho más si los principales dirigentes  del partido beneficiado con ese premio tienen una posición tan conocidamente radical (para no decir que tienen fama de antihaitianos) frente al llamado  “problema haitiano”. ¿Había que interpretar esa designación como una expresión de la voluntad del gobierno de endurecer su política migratoria? ¿Se necesitaba  a alguien con los  prejuicios suficientes como para aplicar a rajatabla y sin contemplaciones  el Reglamento de Migración? 

Quien puede responder esas preguntas, el presidente Leonel Fernández Reyna, difícilmente descienda de su Olimpo conceptual para hacerlo, por lo que probablemente nunca sepamos porqué el mandatario puso en manos de la Fuerza Nacional  Progresista esa dependencia. De una cosa sí podemos estar seguros, pues los hechos no pueden ser ignorados: el intento del doctor José Ricardo Taveras de impedir, amparándose en el Reglamento de Migración, que casi 25  mil niños de descendencia haitiana se inscriban en las escuelas debido a la condición de ilegalidad de sus padres  ha sido un error garrafal que no por haber sido  enmendado a tiempo deja de ser bochornoso para el gobierno.

El problema de la incontrolada migración haitiana, ¿quién se atrevería a negarlo?, gravita en forma amenazadora sobre  la integridad de eso que todavía podemos llamar nación dominicana, pero a todas luces parece más  justo y razonable empezar a resolverlo convenciendo  a los empresarios que utilizan  la mano de obra haitiana, que por demás tienen décadas beneficiándose de su contratación,  de que tienen que asumir sus responsabilidades  que castigar, privándoles  del sagrado  derecho a la educación, a todos esos niños, a los que simplemente hay que considerar  víctimas de la incapacidad del Estado dominicano de regular la situación migratoria de sus progenitores.