Cambios al Código Procesal Penal.- Durante años hemos soportado estoicamente la cantaleta de que el Código Procesal Penal, un invento trasplantado sin tropicalizar a la compleja realidad social dominicana, es el principal responsable, por su excesivo garantismo, del creciente auge de la delincuencia y la criminalidad, pero como ocurre con frecuencia con sociedades donde es más importante hablar que hacer (¿será porque es más cómodo?) nunca se pasó de las críticas a las acciones concretas. Hasta que el diputado Víctor Suárez, vocero de la bancada peledeísta en la Cámara de Diputados, introdujo un proyecto de modificación al Código Procesal Penal que ya fue discutido y acogido favorablemente por sus colegas, y que esta misma semana el Senado aprobó en dos lecturas consecutivas con algunas enmiendas. ¿Qué novedades introduce ese proyecto? Por lo que se aprecia en las crónicas publicadas hasta ahora por los periódicos son bastante significativas (modifica más de 70 artículos), como es la ampliación del plazo de la prisión preventiva de 12 a 36 meses y permitir que los allanamientos en casos de narcotráfico sean de noche, para solo citar un par de ejemplos entre tantos. Está claro que el propósito de los legisladores con esas modificaciones es endurecer el procedimiento de aplicación de justicia a quienes delinquen, y sobre todo evitar que ciudadanos que hayan violado la ley puedan burlar el proceso y volver a las andadas amparados en una libertad condicional concedida de manera graciosa o en una medida de coerción demasiado laxa. ¿Pero es eso suficiente para enfrentar la amenaza que nos ha robado el sueño y la tranquilidad? Desde hace tiempo se sabe que el endurecimiento de la represión no es suficiente para resolver el problema de la delincuencia y la inseguridad ciudadana que trae como secuela, pues hay que atacar también, y de manera directa, sus causas. Es el momento de recordarlo.