Chivos sin ley.- Decir que este es un país complicado de gobernar es una perogrullada, pues requete sabido está que aquí cada quien quiere hacer lo que le da la gana, o lo que cree que mejor conviene a sus muy particulares intereses, y lo peor del caso es que con demasiada frecuencia consigue su propósito. Los ejemplos son tan abundantes como la verdolaga, pero quiero detenerme en el caso de los motoristas, una mortífera plaga tanto por el caos que aportan al caótico tránsito como por la gran cantidad de crímenes que se cometen desde sus vehículos, y sobre todo de los motoconchistas, esos abnegados padres de familia que un buen día decidieron que sus motores podían ser el medio de transporte de pasajeros más inseguro y peligroso del mundo, y tanto éxito han tenido que se calcula que en todo el país hay cerca de un millón ofreciendo ese “servicio”. ¿Cuántas veces han intentado las autoridades, sobre todo la AMET, de obligar a los motoristas a utilizar cascos protectores sin ningún éxito? ¿Cuántas veces han prometido los gobiernos que regularán y controlarán a los motoconchistas sin que, hasta ahora, se haya producido el anhelado milagro? El más reciente esfuerzo del gobierno por regularlos, como parte de un proceso de modernización y cambio del registro de vehículos que impulsa la DGII a un costo de 1,300 millones de pesos, ha tropezado con el rechazo del motoconchismo organizado, cuyos dirigentes alegan que los chalecos que se les entregarán son de muy mala calidad. Pero no solo eso. También reclamaron, en una ruidosa marcha hasta el Palacio Nacional, que se les incluya en el subsidio de los combustibles. Es evidente que los motoconchistas, acostumbrados a operar como chivos sin ley, están siguiendo el mal ejemplo de los transportistas que chantajean o amedrentan al gobierno, que en su relación con esos beligerantes sectores sigue haciendo lo que siempre se ha hecho: ceder a sus violentas presiones, y permitirles imponer sus propias reglas. ¿Hasta cuándo?