¿Para quién trabajan?– En un lapso de 24 horas nos hemos enterado por las noticias de que fueron desmantelados los departamentos de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) en Hato Mayor y Sabana de la Mar, al igual que el departamento antinarcóticos de la Policía Nacional que operaba en Moca, provincia Espaillat. ¿La razón? En uno y otro caso, la misma: denuncias de la población de que sus agentes estaban realizando apresamientos abusivos y arbitrarios, y en el peor de los casos colocando drogas en los bolsillos de los jóvenes para justificar su apresamiento y la posterior exigencia de dinero a sus familiares para dejarlos en libertad. También es factor común, en ambos casos , el cobro de peaje a los microtraficantes que operan puntos de drogas para dejarles “trabajar” a sus anchas, lo que ha permitido que ese infame negocio se afiance y consolide gracias, paradójicamente, al “apoyo logístico” de aquellos llamados a combatirlo y enfrentarlo. Se trata, si hemos de juzgar por la frecuencia conque aparece ese tipo de denuncias en periódicos y noticieros de televisión, de un modus operandi que no solo está sembrando el terror en barrios y sectores “calientes” a todo lo largo y ancho del territorio nacional, sino desacreditando la lucha contra el flagelo que libran las autoridades. El hecho de que la DNCD y la Policía decidieran investigar las denuncias de lo que ocurre en Moca, Sabana de la Mar y Hato Mayor indica, ciertamente, que existe la voluntad en quienes las dirigen de sancionar las inconductas que tanto daño hacen a su imagen y el trabajo que realizan. Pero como se trata de un comportamiento tan extendido lo deseable es que esas indagatorias, que hasta ahora se han limitado, en la mayoría de los casos, a disponer el traslado del personal contaminado, se lleven hasta las últimas consecuencias, que no pueden ser otras que el sometimiento a la justicia de los agentes que han olvidado sus responsabilidades y para quién trabajan.