Reburujados.- Insiste Minou Tavárez Mirabal, diputada peledeísta por el Distrito Nacional, en que se cometieron irregularidades durante la aprobación del proyecto de modificación al Código Procesal Penal, en la que se eliminó de manera subrepticia, y con absoluta premeditación y alevosía, el párrafo III del artículo 85 que establecía el derecho de los ciudadanos a querellarse  contra un funcionario corrupto o prevaricador.

Y lamenta que, al hacer las cosas de esa manera, se haya lacerado la confianza de los diputados que de buena fe dieron su voto favorable  a la pieza creyendo que se trataba  del proyecto que fue aprobado en julio pasado y que por ninguna parte hablaba de eliminar o suprimir ese derecho. Las investigaciones para determinar lo que ocurrió, y establecer las debidas responsabilidades, son llevadas por los miembros  de la Comisión  de Disciplina de la Cámara Baja, que el pasado viernes interrogaron a Tavárez Mirabal durante mas de dos horas, que también deberán imponer sanciones en caso de que concluyan en que, ciertamente, se podujeron las  irregularidades denunciadas.

Pero usted y yo sabemos, querido lector, que de ese susto no nos vamos a morir, que el espíritu de cuerpo prevalecerá, y que esas indagatorias no pasarán de un amaraco  para embullar a la opinión pública. ¿Acaso no son los mismos diputados que acaban de recibir mas de 13 millones de pesos dizque para ser utilizados en la adquisición de botiquines, piscinas artificiales, mesas de dominó, salvavidas, habichuelas con dulce y otros productos propios de la celebración  de Semana Santa   que repartieron entre su clientela política? Se entiende la preocupación de Minou por marcar distancia de esas barbaridades, que quiera evitar que esas exhibiciones  de grosero clientelismo que tanto daño le hacen a la imagen  de los legisladores la embarren, pero es  poco realista trabajar en un estercolero y pretender que no se te va a pegar ni siquiera el mal olor.