La dignidad de los muertos.- Reportajes publicados por este  y otros diarios han puesto en evidencia el deplorable estado de abandono  que exhibe la mayoría de  los cementerios municipales, convertidos en madrigueras de delincuentes o utilizados para el pastoreo de vacas y chivos, pero las condiciones en que opera el Instituto de Patología Forense le ha puesto la tapa al pomo,  mostrando con toda su crudeza el poco respeto que nos inspiran los muertos y, más que nada, la poca dignidad con que los tratamos. 

El panorama que describe el doctor Sergio Sarita Valdez,  viceministro de Salud Pública, da grima pero también vergüenza, pues según el funcionario el descuido allí ha llegado a tales extremos que los cadáveres se pudren debido a que la mitad de los freezers para almacenarlos están dañados. Ya se sabe que por mandato de la biología no estamos hechos para durar para siempre, pero sabiendo lo que nos espera cuando abandonemos este mundo cruel a cualquiera se le quitan las ganas de morirse.

Sanción esperada.- La Procuraduría General de la República acaba de anunciar la suspensión, alegando “faltas graves” en el desempeño de sus funciones, del fiscal adjunto de San Cristóbal, debido a que en su calidad de representante del Ministerio Público no se opuso ni apeló una decisión del Juez de la Ejecución de la Pena de esa provincia, quien aprovechando un error de trascripción en una sentencia puso  en libertad a tres hombres condenados a  10 años de prisión por narcotráfico. Era, en verdad, una sanción que se veía venir luego   de hecha pública la ya famosa sentencia, y lo propio se espera que  haga la Suprema Corte de Justicia con el magistrado Francisco Mejía Angomás, autor de la decisión que ya figura en los anales de nuestro  sistema de administración  de justicia como uno de los más penosos ejemplos de sumisión al poderoso  narcotráfico.