Lo que denuncia el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), que el pasado miércoles paralizó sus labores en los tribunales  para exigir mejores condiciones para los actores del sistema, provoca   grima, y tal vez por eso su presidente, el doctor Miguel Surum, describe como “clima de terror” lo que está ocurriendo en el sistema de justicia dominicano. “Hemos  recibido denuncias graves de que miembros del Consejo del Poder Judicial (CPJ) han sido objeto de chantaje mediante la fabricación de expedientes para obtener votos favorables en las reuniones del Consejo”. El dirigente gremial también reclamó que cesen las persecuciones y “las destituciones sumarias” de jueces que ha hecho el CPJ en violación al debido proceso, la presunción de inocencia y la carrera judicial. Y advirtió que los abogados defenderán a los jueces que son suspendidos de manera indefinida, sin disfrute de sueldo y sin que ni siquiera se les notifique el pliego acusatorio, lo que constituye –sostiene– una condena previa antes del juicio disciplinario. Frente al panorama descrito  resulta imposible no estar de acuerdo con el presidente del Colegio de Abogados cuando califica la situación de grave, pues las principales víctimas de las violaciones de derechos que le atribuye al  CPJ son los jueces, que están llamados a ser los garantes del buen funcionamiento del sistema. El doctor Surum no ahondó o no quiso ahondar en las implicaciones de su denuncia, ni qué persiguen quienes manipulan  las decisiones del organismo responsable del control disciplinario de jueces, funcionarios y empleados del Poder Judicial, pero no es muy difícil  imaginarse para lo que  puede servir todo ese poder   en  las manos equivocadas.