No hace falta tener mucha imaginación, ni pertenecer a la Finjus, para atreverse a especular con la posibilidad de que situaciones  como las que se han denunciado  en la OMSA se estén replicando en otras instituciones  del Estado que también andan manga por hombro, bien sea porque fueron entregadas en dación de pago a algún aliado electoral del peledeísmo  o porque, sencillamente, ni los controles ni los sistemas de fiscalización funcionan, como  tampoco las leyes  diseñadas para garantizar la transparencia  en el manejo del dinero público. El doctor Servio Tulio Castaños Guzmán está convencido de que una de esas leyes, la que regula las compras y  las contrataciones públicas, se ha convertido, paradójicamente,  en fuente  de corrupción, a tal punto de que es una de las principales vías  de financiamiento de un sistema político  envilecido  por el clientelismo  y el rentismo. Es por esa razón que el Vicepresidente Ejecutivo de Finjus sugiere que desde el Estado se constituya, con carácter de urgencia,  una mesa para trabajar en la modificación de esa legislación, y si el Poder Ejecutivo  no se muestra suficientemente interesado  que lo haga entonces el Congreso Nacional. Y señala que no es posible que los Comités de Licitaciones de las instituciones  públicas los sigan conformando quienes las dirigen y sus subalternos, ni que el sistema de consecuencias sea tan débil. Lamentablemente, de lo que se queja Castaños Guzmán  no solo es posible sino que, muy probablemente, se mantenga tal y como está,  pues parece la situación ideal para una clase política  corrompida  que aprendió  que para curarse en salud lo conveniente  es hacer la ley al mismo tiempo que la trampa.