Cuando creíamos que nuestro sistema judicial ya estaba a salvo de escándalos en el agonizante 2017, cuando ya nos habíamos resignado a despedirlo con el mal sabor de boca dejado por el escándalo provocado por la  muerte, resurrección y fuga de Quirinito, la  jueza interina de Ejecución  de la Pena de San Cristóbal sorprendió a todo el mundo al emitir permisos de hasta cuatro días para que 62 condenados por  diferentes delitos pudieran disfrutar en libertad de las fiestas de fin de año junto a sus familiares y amigos. De esos permisos se beneficiaron internos de los Centros de Corrección y Rehabilitación  Najayo Hombres y Najayo Mujeres, del CCR20 de San Cristóbal, y el Centro Abierto de Mujeres Sabana Toro, algunos cumpliendo condenas por  casos tan sonados como la matanza de Paya, las redes  de narcotráfico  y sicariato  de José David Figueroa Agosto, y el célebre  Rolando Florián Feliz. Por suerte la Procuraduría General de la República advirtió a tiempo la irregularidad y vetó los permisos, en los que no se especifica ni la dirección ni la forma de contactar  a las personas que se harían responsables de su “custodia”. La jueza Katherine Rubio Matos se defiende alegando que actuó conforme a la ley, pero ya el Consejo del Poder Judicial  inició una investigación y habrá que  esperar sus resultados para conocer  las razones que justifiquen o permitan entender  su generosidad. Pero si es verdad, como publicó ayer este diario  citando fuentes oficiosas, que la magistrada fue a Najayo a pregonar los permisos como quien anuncia una gran noticia o un nuevo producto o servicio, no habría que averiguar  demasiado  ni echar a volar muy lejos la imaginación, y mucho menos  aceptar la  coartada de que solo actuó  movida por el “espíritu  navideño” que nos contagia a todos en estas fechas.