Qué se dice

Qué se dice

[b]Señales[/b]

Las señales, simplemente, están ahí para el que quiera interpretarlas, sacar sus propias conclusiones, y provienen tanto del Congreso Nacional -donde el principal promotor de la ley de Lemas, el diputado Henry Sarraff, solicitó que se aplace el conocimiento del proyecto- como de la Junta Central Electoral, concretamente desde el «comité de base del PPH», como llama el licenciado Hatuey Decamps a la Cámara Contenciosa del tribunal de elecciones, donde el juez Ramón Hernández Domínguez acaba de afirmar que en ninguna parte de los estatutos del PRD dice que tienen que ser el presidente y el secretario general de esa organización quienes inscriban al candidato presidencial ante la JCE. Si eso es cierto el PPH no necesita destituir a la actual dirigencia en la asamblea programada para el día 31, como se ha estado insinuando, para inscribir la candidatura del presidente Mejía, como tampoco necesita que los legisladores aprueben una ley que, para los fines e intereses del PPH, cumplió ya su vida útil.

[b]Una pésima idea[/b]

Falta a la verdad cualquiera que se atreva a ofrecer garantías de que la huelga programada para los días 28 y 29 de enero, que organiza la Coordinadora para la Unidad y la Lucha, se llevará a cabo de manera pacífica y ordenada. Una vez se ha invocado a los demonios del caos, así sea en nombre de razones tan valederas como las que esgrimen los promotores de esa protesta, resulta muy difícil evitar que las cosas se salgan de control. Ramón Pérez Figuereo, bastante curtido en esas bregas, debería ser el primero en reconocer los riesgos que supone, en estos momentos de crispación nacional, celebrar una huelga por 48 horas. Esa protesta, definitivamente, es una pésima idea, de lo que esperamos se convenzan también sus auspiciadores.

[b]Nueva tarifa[/b]

Mil quinientos pesos por conducir sin licencia, tres mil por manejar en estado de embriaguez, y si acaso los eficientes agentes de AMET lo sorprenden sin el cinturón de seguridad puesto, deberá cantearse con una multa de 850 pesos. Estamos hablando de la nueva tarifa que aplica AMET a los infractores de la ley 241 sobre tránsito, establecida por una resolución de la Secretaría de Obras Públicas del pasado mes de octubre. Los jueces del tribunal de tránsito, los únicos que parecen darse cuenta de lo que está sucediendo, están alarmados ante una decisión que ha sido tomada ignorando los naturales cauces institucionales para disponer esos aumentos, como lo es el Congreso Nacional. Esta capacidad recaudadora de AMET, incrementada de manera notable con la nueva tarifa, podría ser lo que explique, según algunos mal pensados, el interés de la Policía Nacional de ponerlo bajo su «control funcional», al que ahora se suma el ayuntamiento del Distrito Nacional, que según el síndico Roberto Salcedo espera recuperar así, como en otros tiempos, la potestad de regular el caótico pero rentable tránsito capitalino.

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