Otra vez se demostró que la justicia dominicana cuando no cojea de una pata cojea de la otra, o simplemente se arrastra de manera vergonzosa cuando le toca batirse contra la  corrupción. Estoy hablando del fraude por mas de cien millones de pesos detectado en la Dirección de Aduanas de Santiago en el 2010, del que se acusó a varios  empleados del organismo, por el que hace unos días el Segundo Tribunal Colegiado de la Cámara Penal de Santiago condenó a tres de los imputados a 8, 5 y 2 años  de prisión y descargó, por falta de pruebas, a otros tres. Una sentencia tan benigna  no sorprende cuando se recuerda que la institución perjudicada retiró, inexplicablemente,  la querella, pero también se negó a colaborar con el proceso, lo que fue criticado por los jueces en audiencia, comportamiento que tiene su explicación cuando también recordamos que los principales imputados eran hijos de dirigentes del PLD  y funcionarios  del gobierno. Con razón tronó, a través de sus redes sociales, Yeni Berenice Reynoso, quien instrumentó el expediente acusatorio cuando se desempeñó como fiscal titular  de Santiago, al declarar que la sentencia del tribunal, a la que le atribuye serios defectos jurídicos, condenó a los cómplices y dejó en libertad a los autores principales. Y señaló que, al parecer, se esfumaron de ese  expediente “los cientos de miles de dólares y armas de alto calibre”  ocupados por ella durante las investigaciones que realizó. La fiscal del Distrito Nacional no dijo si esas acciones son también parte de la “jurisprudencia de la corrupción” a la que se ha referido en otras ocasiones en las que, al igual que ahora, no puede contener su frustración ni quedarse callada ante el lastimoso desempeño de la justicia dominicana ante el flagelo que nos empobrece y degrada, pero como los resultados son los mismos, y también los beneficiarios,  ese detalle tal vez carezca de importancia.