Cabe  suponer que por lo menos un   boche se llevó quien  recomendó el nombramiento de dos funcionarios  con asuntos pendientes con  la justicia, pero de ahí no pasará la cosa, pues en los tiempos que corren, donde to´ e´ to´ y ná é ná, esas son pecatas minutas que no van a parar una fiesta que corre por cuenta del Presupuesto Nacional. Ahora podrá decir  el Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo que se trató de un “error involuntario”, como si no fuera evidente la  expresa voluntad de meter por debajo de la mesa las designaciones  de dos dirigentes peledeístas  cuyos problemas  con la justicia fueron ampliamente divulgados  por la prensa y las redes sociales. Con tanta ligereza o mala fe se actuó que el viceministro  de la Juventud nombrado guarda prisión cumpliendo la medida de coerción que le impuso  un juez por golpear  a su esposa, en tanto el flamante Ministro Consejero en  Haití fue destituido  por el propio Poder Ejecutivo  en el 2014, luego  de ser apresado  por miembros  del G2 del Ejército  cuando transportaba  en su yipeta  a quince indocumentados haitianos  a Santo Domingo. ¿A nadie se le ocurrió pensar que un funcionario  que fue atrapado en flagrante  delito traficando ilegales haitianos no es el mejor candidato para ser Ministro Consejero en  ese país? ¿Nadie pensó  que es un mal mensaje, justo cuando la sociedad se siente impotente   ante la desgarradora realidad de los feminicidios, designar en cualquier  cargo público a un hombre  preso por maltratar  a su esposa? El inmediato y creciente rechazo que provocaron esos nombramientos, desde que se hicieron  públicos,  es la mejor prueba de que los únicos  que ignoraban  el pedigrí de los agraciados son los únicos  que estaban en la obligación de no ignorarlos. Tampoco es suficiente que se quiera sacar la pata a tiempo con la cancelación de unas designaciones   que nunca debieron producirse, pues al fin y al cabo, como dicen por ahí, lo que verdaderamente cuenta  es la intención.