No solo lo cree o lo sospecha la Marcha Verde, que advirtió en rueda de prensa que la estructura de mafia y corrupción descubierta en la OMSA tras el asesinato del abogado y profesor universitario  Yuniol Ramírez podría estar reproduciéndose en otras instituciones del Estado, pues a estas alturas de los gobiernos peledeístas los ciudadanos estamos convencidos de que basta hurgar un poco en cualquiera  de ellas para que brote la pus de la corrupción consentida y tolerada. Pero en este caso no se trata de una suposición  producto del prejuicio,  como pone en evidencia un amplio trabajo publicado   ayer en este diario por Marien Capitán que señala que al menos 47 de las 73  empresas que aparecen con alguna irregularidad en la auditoría realizada en la OMSA por la Cámara de Cuentas han sido o son proveedoras de otras instituciones,  lo que revela que se trata de un   tinglado relativamente fácil de replicar. ¿En cuántas de esas instituciones  se reproduce, como teme la Marcha Verde,   el modelo OMSA   con los mismos resultados? Eso no es posible saberlo desde aquí  pero sí resulta fácil de imaginar, sobre todo cuando  tomamos en cuenta que todas las diabluras  que se perpetraron  en la OMSA, ampliamente divulgadas  por la prensa en estos días, se produjeron delante de las narices de los 15 auditores internos de la Contraloría General de la República, cuya primera reacción, al estallar el escándalo, fue la de justificar  su inacción, aunque lo cierto es no hay manera de justificar que también estuvieran ciegos, sordos y mudos. Esa sorprendente reacción, hay que decirlo, resultó tan chocante  como la forma alegre y sin controles conque se manejaron miles de millones de pesos en la OMSA,  lo que terminó de convencerme de que, en materia de corrupción, pasamos  ya al siguiente nivel.