Es muy pronto para saber si el juez especial Francisco Ortega aceptará  como válido el alegato del imputado Víctor  Díaz Rúa de que el dinero que le atribuye el Ministerio Público como prueba de enriquecimiento ilícito y supuesto lavado de activos   era propiedad del PLD, que manejaba en su condición de Secretario de Finanzas y encargado de finanzas de las campañas  electorales de la organización, pero  sí puede afirmarse que la estrategia de defensa, si de eso se trata,   puede  obligar a la dirigencia del partido oficial  a cerrar filas en torno al exministro de Obras Públicas si quiere evitar que la financiación de las campañas  electorales con dinero ilícito, excluida del expediente acusatorio por razones que huelga explicar, sea parte del proceso, sobre todo cuando pase al fondo y se convierta en un juicio público, oral y contradictorio del que estará pendiente todo el país. El alegato también ha servido   para reafirmar la percepción de la opinión pública, escenario en el que el Procurador Jean Alain Rodríguez se ha empeñado en ganar la primera batalla de un proceso judicial  que será largo y tedioso,  de que en la cúpula del PLD nadie está libre de pecado cuando se habla de enriquecimiento ilícito, llámense leonelistas o danilistas. Y lo más importante: Víctor Díaz Rúa no se muestra  dispuesto a servir mansamente su cabeza para que pueda ser sacrificado como chivo expiatorio. Entretanto, la decisión unilateral de Reinaldo Pared Pérez, Secretario General  del PLD, de suspender a Díaz Rúa y Félix Bautista  de sus cargos en la organización  ha elevado la temperatura de la olla de presión en la que se ha convertido el partido de gobierno. Así que no se vaya muy lejos, querido lector, que esto se pone  cada día mejor.