Escribí hace algunos días, y aprovecho para volver a repetirlo, que el control que ejerce el PLD sobre el Estado dominicano y sus instituciones, que ha terminado convirtiendo en un mito la separación  de poderes que define la buena salud de cualquier democracia, ha llevado al liderazgo de esa organización a creer que el sistema de partidos y su árbitro  natural, la Junta Central Electoral, existen  para servir a sus intereses y propósitos. Ya lo vimos cuando objetó el plazo de 75 días que dio el organismo electoral a los partidos para definir el método mediante el cual escogerán sus candidatos a cargos electivos y el padrón que utilizarán, que consiguieron que extendiera otros treinta días, tiempo que a lo mejor tampoco resulta suficiente para desenredar el lío interno que mantiene al PLD al borde de una crisis divisionista. Cierto es que no extendió ese plazo hasta marzo del año que viene, como pretendían los peledeístas, pero aun así su flexibilidad se interpretó como una debilidad que podría degenerar  en verdadera fuente de preocupación en la medida en que el PLD pida por su boca y  la JCE lo complazca. El calendario  hacia las elecciones del 2020, presentado  esta semana a los partidos, será ocasión propicia para saber si realmente existen razones   para  preocuparse. Representantes del PRM, el PRSC y el PRI saludaron de inmediato  los plazos anunciados, que dijeron no tener ningún inconveniente  en  acatar y cumplir, pero el PLD, a través de su delegado político Monchy Fadul, dijo que tiene que estudiarlo  y evaluarlo, y desde ya se teme que los peledeístas vuelvan por sus fueros sugiriendo cambios, ajustes  y modificaciones al cronograma diseñado. Será entonces el momento de saber si, también en la JCE, se hace lo que diga el PLD.