Argumentaba  el otro día un  Viceministro  de Obras Públicas  que la gente se  opone a la construcción  de una terminal de autobuses junto al  Parque del Este porque desconoce la magnitud y la importancia de la obra, y más o menos en iguales términos se expresó un funcionario de la Dirección  de Comunicaciones del Ayuntamiento de Santo Domingo Este (ASDE), quien dijo que la terminal “es más ambiciosa y compleja de lo que se están oponiendo a ella”. Pero ocurre que a quienes correspondía dar a conocer públicamente esa información    son precisamente quienes la diseñaron en el Ministerio de Obras Públicas y las propias autoridades del ayuntamiento de Santo Domingo Este, que son las que  debieron autorizar el uso de suelo para su construcción. Y una excelente manera de que se conociera en todos sus detalles  esa terminal de autobuses, que según sus planificadores será parte de un sistema de conexión interurbana en el que confluyen seis corredores, era sometiéndola a la consideración del Concejo de Regidores de ese ayuntamiento. También hubiera podido Obras Públicas, si ese hubiera sido su interés, socializar, como se dice ahora, el proyecto y sus bondades, “vendérselo” a la comunidad que por falta de información oportuna y veraz hoy se siente afectada y amenazada por su construcción, lo que hubiera sido muy fácil si es en verdad tan beneficioso  como lo pintan.  Nada de eso se hizo, por supuesto, como nadie se tomó la molestia tampoco de tramitar los estudios y permisos necesarios, los que manda la ley, que se supone  debe empezar  por casa.  Pero no debe extrañar ni sorprender que estemos ante un Estado que violenta, atropella y desconoce su propia legalidad, simple y sencillamente porque así es que le conviene a los políticos  que lo dirigen.