Otra vez volvemos a recibir malas calificaciones en materia de corrupción. Según el más reciente informe de Transparencia Internacional, capítulo República Dominicana,  aparecemos entre los países con más altos niveles de corrupción de América Latina, ocupando el lugar 129, de 180 países, en el Indice de Percepción  de la Corrupción (IPC), en la misma posición de Sierra Leona y Togo, y solo por encima de Bolivia, Honduras, Paraguay, México, Guatemala, Nicaragua, Haití y Venezuela.  El informe  también señala, contrario a lo que proclama el discurso oficial, que el país ha retrocedido en materia de corrupción en los últimos cuatro años, “calificaciones que reflejan el deterioro del estado de derecho y de las instituciones democráticas, así como un espacio cada vez más pequeño para la sociedad civil y los medios de comunicación independientes”. De acuerdo a  Patricia Moreira, directora general del  organismo,  la corrupción destruye la democracia creando a su vez  un círculo vicioso,  pues esa  misma corrupción socava y debilita sus instituciones, que terminan mostrándose  incapaces de controlarla y sancionarla. No tengo que argumentar  mucho, sobre todo a quienes han vivido y sufrido este país los últimos veinte años,  para convencer a cualquiera de que en ese círculo vicioso estamos atrapados hace tiempo, sin que se vislumbre, en el horizonte inmediato, alguna posibilidad de romperlo. Con el agravante de que el responsable –léase el Gobierno– de plantarle cara al flagelo de la corrupción escucha, como quien oye  llover,  los informes que cada año ofrece  Transparencia Internacional, donde tenemos reservado un oscuro  sitial, por culpa de  nuestras bajas calificaciones,  en su “cuadro del deshonor”.