Lo primero que voy a decir, visto el caso y consumado el hecho, es que el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) estaba en total libertad de hacer lo que hizo, como nombrar a un miembro del Comité Central en la presidencia de la Suprema Corte de Justicia siguiendo el patrón de los gobiernos del PLD de llevar dirigentes de esa organización a las altas cortes, sin la necesidad de recurrir a malas artes ni campañas difamatorias con la intención de destruir el buen nombre y la reputación profesional de la magistrada Miriam Germán Brito, quien hasta ayer presidía la Sala Penal, ya que la aplastante mayoría del Poder Ejecutivo en ese organismo le permitía mandarla a su casa sin muchos miramientos y bajo cualquier excusa o pretexto, como por ejemplo el de la “renovación” que enarbolaron los empresarios agrupados en el Conep que tan útil resultó a sus propósitos. Tampoco era necesario que el mismo día que el CNM dio a conocer los nombres de los 12 escogidos, que en el caso del doctor Luis Henry Molina fue la crónica de una designación anunciada, desde la Procuraduría General de la República se continuaran removiendo las heridas abiertas con sus maquinaciones a una jueza cuyos únicos pecados, a los ojos de la opinión pública, son su honorabilidad e independencia, precisamente la razón por la cual la forma en que fue sacada del sistema de administración de justicia dejará tan mal sabor en la sociedad dominicana. Hay que felicitar, de todas maneras, a los agraciados, a los que estamos obligados a dar la oportunidad de que demuestren que están a la altura de lo que se espera de ellos al frente de esa alta corte, pues al fin y al cabo no tienen la culpa de que su celebración sea también el triunfo amargo de la iniquidad convertida en política de Estado.