De entrada habría que decir que parece una denuncia descabellada, impropia de los democráticos tiempos que se supone vivimos, pero después de lo que ocurrió durante y después de las evaluaciones del Consejo Nacional de la Magistratura a los jueces de la Suprema Corte de Justicia tenemos que abrir nuestras mentes a todas las posibilidades. El doctor Manuel María Mercedes y Enrique de León, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Comité Nacional de Lucha contra el Cambio Climático, respectivamente, entregaron una carta a la Defensora del Pueblo en la que denuncian que el Procurador Jean Rodríguez dirige una oficina ilegal desde la cual se promueven noticias falsas y campañas sucias y difamatorias a través de las redes sociales y medios de comunicación. En la carta entregada personalmente a la doctora Zoila Martínez Guante los activistas sociales señalan que esa supuesta oficina, que estaría operando en una plaza comercial de la Winston Churchill financiada con fondos públicos, utiliza cuentas falsas desde las que se orquestaron los planes para dañar moralmente a la jueza Miriam Germán, y se alteró el comunicado que la embajada de Estados Unidos envió a Edith Febles informándole sobre la situación de un dominicano al que la Procuraduría vincula con la exjueza. Los denunciantes, que sospecho acudieron a la Defensora del Pueblo porque no tenían otra instancia a la cual recurrir, solicitan que se investiguen los hechos denunciados pues a su juicio constituyen delito de prevaricación de parte del Procurador. Falta saber si Martínez Guante tiene los arrestos suficientes para darle curso a la denuncia, o si la ley que creó la Defensoría la faculta para investigar a un Ministerio Público que desbordó sus cauces de acción y abusó de su poder, como hacen en estos tiempos las dictaduras con ropaje democrático que el Socialismo del Siglo XXI ha puesto de moda en el continente de la eterna esperanza.