Por culpa de las confusiones  y contradicciones de una ley que salió crudita del Congreso Nacional la Junta Central Electoral (JCE) se ha metido en un berenjenal con el  parasitario voto de arrastre entre diputados y senadores, que deberá decidir si mantiene o elimina en las elecciones del 2020, atolladero del  que espera salir determinando cuál fue la intención del legislador al redactar la ley, para lo cual solicitó las actas de la Comisión Bicameral que estudió  el entonces proyecto y la de la sesión  de la Cámara de Diputados del 15 de febrero pasado cuando se aprobó la Ley de Régimen Electoral. El presidente  de la JCE, el doctor Julio César Castaños Guzmán, no ha dicho  qué método utilizará el pleno para determinar una intención que no quedó  expresada de manera clara y taxativa en la ley, bien sea por las prisas conque se redactó o porque fue concebida  (en este país nunca  se puede descartar nada) de forma deliberadamente ambigua para que pueda ser interpretada,  que es lo que tendrán que hacer sus miembros,  “a sigún” las conveniencias o las circunstancias. Sea cual sea la decisión del organismo electoral  marcará un antes y un después en su   relación con los que resulten perjudicados, sean los partidos de oposición, que argumentan que la Constitución plantea el voto directo y sin intermediaciones y que no hay mas nada que consultar, y el gobernante PLD,  principal beneficiario del  arrastre porque le ha permitido  consolidar el control del Congreso Nacional  que el Poder Ejecutivo, dicho sea a propósito, ha convertido en su sello gomígrafo. Aunque después de lo ocurrido con los tres jueces del Tribunal Superior Electoral (TSE)  que votaron a favor de la anulación  de la convención del PRD, principal aliado del partido de gobierno, mi recomendación a los miembros del pleno que por una razón u otra deseen votar contra los intereses del PLD es que se amarren bien los cinturones y se encomienden a un obispo. Y no lo digo porque  estemos en Semana Santa.