No hay dudas de que en la  tradición de un Estado casi fallido como el nuestro puede considerarse un “hito” que desde el gobierno se cumpla fielmente y año tras año  con el 4% del PIB que la ley asigna a la educación preuniversitaria, como lo definió  el presidente de Acción por la Educación (EDUCA), Samuel Conde, como tampoco hay dudas  de que eso es apenas “el inicio” de una ruta durante la cual se han puesto en evidencia muchas cosas que deben ser corregidas, ajustadas y enderezadas si queremos llegar a donde decimos que vamos. Pero más allá de ese  “hito”, y la gran cantidad de escuelas que se han construido con esos recursos, es poco lo que hay que celebrar, pues en materia de educación República Dominicana sigue ocupando los peores lugares de los rankings internacionales. Debido,  precisamente, a esos pobres resultados la gente de Educa no oculta su insatisfacción  por  la manera en que se han invertido esos recursos,  y recuerda que es obligación de todos  velar por la calidad de esa inversión. Y tiene razón, pero  eso es mas fácil decirlo que hacerlo. Porque lo cierto es que el ciudadano común no tiene forma  de saber si los impuestos que  le sacan de los bolsillos para educación o cualquier otra cosa se invierten de manera correcta hasta que no es demasiado tarde, cuando colapsan los servicios que se supone debe recibir a cambio, ni a los que nos gobiernan les interesa que así sea. Lo ideal sería que la Cámara de Cuentas hiciera una auditoría a los recursos que el Ministerio de Educación ha recibido a través del 4%, pero con esa gente no se puede contar si de por medio están los políticos que los pusieron en sus cargos. Y es una verdadera lástima. No tanto para saber  cuánto se ha invertido en las aulas que se han construido o en la formación de los maestros, como para confirmar la  sospecha que   la certeza  convertirá muy pronto en  espanto: que los políticos se han llevado ya una buena tajada del jugoso pastel.