Es verdad: el ministro de Educación, Antonio Peña Mirabal, pudo encontrar un mejor argumento para negarse a cumplir la ley que manda leer le Biblia en las escuelas que decir que su aplicacion afectaría los derechos de los niños haitianos que profesan el vudú, con lo que se habría  ahorrado las  críticas que le han llovido encima. Críticas que, al estar de por medio el tema haitiano que tantas pasiones desata, han llegado al extremo de  solicitarle al presidente Danilo Medina su destitución, o que   renuncie al cargo “si tanto odia los valores cristianos, duartianos y fundacionales del país”. Y es que, sin querer queriendo, el Ministro de Educación abordó inapropiadamente dos temas tan sensibles como vidriosos, como lo son el tema haitiano y el religioso, y para colmo los ha utilizado, en un peligroso coctel, para justificar lo injustificable: desacatar una ley. Una ley, este es el momento de decirlo, promulgada en el 2000, es decir hace 19 años, y desde entonces hasta acá no ha podido ser aplicada. Se ha dicho que  es porque no han podido ponerse de acuerdo la Iglesia Católica y las iglesias evangélicas,  pero la verdadera razón es que entra en contradicción con la naturaleza laica del Estado dominicano. Hasta que hace unos días la Cámara de Diputados  aprobó una resolución  que exige darle cumplimiento provocando todo este alboroto, que el Ministro de Educación, con su desafortunada respuesta, ha contribuido a incrementar. Alborotos aparte   creo que  esa ley es inaplicable y que, para evitar que se repita este escarceo,  habría que modificarla o someter un recurso ante  el Tribunal Constitucional. Como creo también que los diputados que critican al funcionario   por su desacato    deberían hacer lo mismo con el ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, quien se niega a paralizar la construcción de una terminal de autobuses en el Parque del Este a pesar de que así lo han dispuesto dos sentencias del Tribunal Superior Administrativo. ¿Se animarán los honorables?