Estoy convencido de que cualquier empresa que se contratara para auditar el sistema de voto automatizado hubiera sido objetada, bajo cualquier pretexto, por el expresidente Leonel Fernández, obligado a carabina a mantener su relato de que fue víctima de un fraude algorítmico responsable de su primera derrota política, tan dolorosa y difícil de asimilar que provocó su renuncia del partido que lo llevó tres veces a la Presidencia de la República. En ese propósito lo ayuda, hay que reconocerlo, que la firma contratada por la JCE no parece ser la mas idónea, pues su pedigrí provocó de inmediato una oleada de críticas y cuestionamientos. Aún así en la JCE se ha defendido, con la vehemencia característica de su presidente, el doctor Julio César Castaños Guzmán, la firma contratada, y mas que nada su experticia para realizar de manera satisfactoria la tarea encomendada. Y nadie puede negar que su decisión de convocar a los partidos para explicarles la metodología que se utilizará, es una muestra de apertura y transparencia. Pero no todos los convocados estaban obligados a valorar ese encuentro, pues los delegados de La Fuerza del Pueblo y partidos aliados abandonaron el salón alegando estar en desacuerdo con la forma en que se contrató esa auditoría, que proponen se haga apegada a los mismos procedimientos usados por la OEA en Bolivia, donde estableció que se produjo un fraude electoral. Pero si la JCE hubiera satisfecho todas y cada una de las exigencias que desde el principio ha hecho el expresidente Fernández, al final el argumento sería que ya no tienen sentido debido a que los perpetradores del fraude ya tuvieron la oportunidad de borrar su rastro. ¿Moraleja? Palo si bogas y palo si no bogas, pues el verdadero interés es sepultar el voto automatizado, y que tiremos a la basura los US$36 millones que se invirtieron en los equipos que le sirven de plataforma. Al fin y al cabo, el dinero del pueblo no le importa a nadie. ¿No es así, profesor?