Tal vez sea pedirle demasiado a un gobierno que ha sido incapaz, a cuatro días de la gran tragedia, de coordinar de manera eficiente la distribución de la ayuda material que llega por diversas fuentes a los damnificados de Jimaní, pero así como es urgente llevarles medicinas, alimentos, agua potable o colchones y mosquiteros, hace falta también asistencia espiritual y sicológica que ayude a toda esa gente, que ha quedado en el más absoluto de los desamparos, a sobrellevar de la mejor manera posible el peso enorme de su desgracia. La decisión de la Secretaría de Educación de enviar sicólogos, para que ayuden a los niños a reponerse del horror que han vivido, es oportuno pero también insuficiente, ante las dimensiones de una tragedia que dejará huellas imborrables en sus protagonistas.

[b]Derechos adquiridos[/b]

Dice doña Milagros Ortiz Bosch, la secretaria de Educación, que Olimpia González se ha ganado, gracias al tiempo que tiene trabajando en el sector educativo, su derecho a recibir una pensión del Estado dominicano, por lo que mal podría ella negarse a reconocerle un derecho que se ha ganado a pulso, mucho más si para hacer posible el ejercicio de ese derecho se le ha descontado, mes tras mes y año tras año, una parte de su salario. Exactamente las mismas razones por las que también merece una pensión doña Ligia Amada Melo viuda Cardona, a quien nadie en este país se atrevería a regatearle sus derechos adquiridos a lo largo de 45 años de servicio a la educación dominicana, aunque a doña Milagros le suban los colores a la cara cada vez que los periodistas cometen la impertinencia de recordárselo.

[b]Con broche de oro[/b]

Para cerrar con broche de oro, como suele decirse, su política de reducir la población carcelaria como una forma de contribuir, por vía de consecuencia, al mejoramiento de las condiciones de nuestros recintos penitenciarios, la Procuraduría General de la República trabaja activamente en la depuración de los 500 reclusos que se piensa indultar el próximo 16 de agosto. El anuncio del doctor Víctor Céspedes Martínez, quien explicó que en esta oportunidad se dará prioridad a los enfermos y los envejecientes, ha provocado lógicos temores en la opinión pública, fruto sin duda de la experiencia, pues ha sido imposible evitar que cada vez que se producen esos indultos masivos se cuelen reclusos que no reúnen los requisitos para el perdón presidencial. Por eso se entiende que, a propósito de las suspicacias que siempre se generan en tiempos de transición, se rodeará del rigor necesario todo el proceso de selección de esos reclusos, aunque solo sea para evitar que pase lo que desde ya se ha bautizado como la historia de otro escándalo anunciado.