Incredulidad.- A juzgar por las reacciones de la opinion pública parece que no ha sido muy convincente la  versión  policial de que el robo de su yipeta fue el móvil del crimen del coronel del Ejército Nacional César Augusto Ubrí Boció, adscrito a la Dirección Nacional de Control de Drogas, donde se desempeñaba como asistente del general Rolando Rosado mateo, del que se acusa a un cabo de la Policía Nacional y a un civil, actuando por encomienda de un comerciante de repuestos de vehículos que los  contrató.

Por una fatal “coincidencia”, según la versión de las autoridades, el vehículo de Ubrí Boció era de la misma marca de las que andaban buscando los ladrones, lo que lo convirtió en objetivo y víctima, lo que no explica de manera convincente porqué lo mataron ni porqué, una vez muerto, no cargaron con la pistola  de reglamento del oficial o su cartera.

Llama  la atención que la jefatura policial dispusiera la suspensión del mayor Wáscar Cavallo Deñó, padre del cabo  de la institución al que se atribuye disparar a quemarropa al oficial  de la DNCD,  por alegadamente no tener control de su hijo ni de sus actividades delictivas, pero  sobre todo por haber gestionado su reingreso a las filas de la institución del orden, de las que fue expulsado de manera deshonrosa por “mala conducta”, un cínico  eufemismo para encubrir delitos tan graves como asesinato  y  asalto a mano armada. ¿Por qué no sancionar también a quienes lo aceptaron de vuelta en la Policía a pesar de su historial delictivo? Son demasiados los cabos sueltos y demasiadas, también, las preguntas que siguen  sin ser respondidas satisfactoriamente, por lo que se espera que en los días por venir las indagatorias policiales despejen todas esas dudas y desconfianzas.