Cuentan por ahí que los estrategas de la reelección del presidente Mejía andan muy atareados en estos días, definiendo las líneas maestras de una campaña electoral que no solo será larga y tendida sino también, según todas las evidencias, bastante virulenta. Hay que suponer, entonces, que esos estrategas estarán haciendo acopio de los logros de este gobierno que, por su impacto y trascendencia, merezcan ser resaltados ante un electorado que hasta ahora solo ha recibido más de lo mismo. Lo que falta por saber es si entre esos logros se incluirán algunas primicias de este gobierno que por su importancia merecerían figurar en ese inventario, pues marcarán la impronta que dejarán las actuales autoridades a su paso por la administración de la llamada cosa pública. Una de esas primicias es, sin duda, la reciente decisión del Banco Agrícola de financiar armas de fuego a sus funcionarios con los mismos recursos que destina a estimular la producción en el campo, o aquella otra que ordenó el sometimiento a la Justicia de los técnicos de la Contraloría General de la República que realizaron una auditoría en el Plan Renove, que como todos recordarán levantó una densa polvareda en una opinión pública escandalizada por la gravedad de las irregularidades que se detectaron.

[b]Comparonerías[/b]

Habrá quien piense, desde el resignado cinismo de quien ya hizo causa común con el caos organizado que se insiste en llamar subdesarrollo, que las críticas al desacato en el que incurren nuestras autoridades aeronáuticas, empeñadas en desalojar de manera compulsiva a las aerolíneas que operan en el aeropuerto de Herrera a pesar de que un juez ordenó aplazar una decisión tan drástica, es producto de la comparonería de gente que aspira a ponerse un traje que todavía le queda demasiado grande. En Estados Unidos, el modelo que tanto gusta citar a nuestros políticos y opinadores de profesión, las decisiones de un juez son, por así decirlo, palabra de Dios, y nadie, ni siquiera el presidente del país más poderoso del planeta, puede darse el lujo de desconocer esa autoridad. Aquí, en cambio, donde casi todo está por hacerse, le hemos cogido tanto gusto a desacatar las decisiones de nuestros jueces que ni siquiera un funcionario tan vinculado a la Justicia como el Procurador General de la República, abogado en ejercicio y consagrado académico, escapa a esa insana práctica.

[b]Los agraciados[/b]

El soterrado escándalo que ha provocado la existencia de una supuesta lista de beneficiarios de la venta, a precio vil, de miles de metros de tierra perteneciente al Consejo Estatal del Azúcar, sigue alimentando el morbo de gente que disfruta esas cosas, pero también ha provocado que la gerencia de relaciones públicas del CEA se haya visto forzada a publicar un espacio pagado, defendiendo la legalidad de esas ventas y poniendo a disposición de los interesados, como prueba de la transparencia de esas operaciones, la dichosa lista. Ojalá que esa relación de beneficiarios, que se dice aprovecharon sus proximidades al gobierno para hacerse de su parcela, sea un desmentido adecuado al intenso runrún que circula en internet dando cuenta de un nuevo despojo al complejo azucarero estatal, que lamentablemente tampoco parece que será el último. Pero en lo que se averigua dónde cayeron los premios, como decía una vez la Lotería Nacional, felicitemos a los felices agraciados.