Muchas han sido las cosas que se han dicho sobre la llevada y traída reforma fiscal que cursa en el Congreso Nacional, razón por la que no hay que tomarse al pie de la letra, ni mucho menos, tanta cháchara interesada o simplemente comprometida. Precisamente por eso hay que coger con pinzas las optimistas declaraciones que acaba de formular el diputado reformista Marino Collante, presidente de la comisión especial de la cámara baja que estudia la pieza, en las que ofrece garantías de que los legisladores buscarán un equilibrio que permita tanto la viabilidad de la reforma como la satisfacción de todos los sectores involucrados. Equilibrio, desde luego, no es sinónimo de consenso, pero en las presentes circunstancias no se pierde nada sentándose a esperar, en lo que el hacha va y viene, que se produzca el legislativo milagro que deje a todo el mundo contento.

Posición anterior

Qué poco duró la decisión de la dirigencia del PRSC, tomada «a unanimidad» durante una turbulenta sesión del Directorio Central Ejecutivo celebrada en La Vega el pasado fin de semana, de no aceptar cargos en el nuevo gobierno que se instalará en el Palacio Nacional a partir del próximo 16 de agosto. Ahora resulta que el flamante presidente de esa organización, el ingeniero Federico Antún Batlle, condiciona esa decisión a la eventualidad de que el doctor Leonel Fernández decida hacer un gobierno de «unidad nacional», al que estarían dispuestos a sumarse -por supuesto- los sacrificados compatriotas. Poco importa, en realidad, que esa «unidad ancional» no haya pasado nunca, en nuestra tradición política, de una simple repartidera de cargos que a su vez sirven de plataforma a los liderazgos, de naturaleza eminentemente clientelista, que florecen silvestres por estas fértiles tierras. Ese brusco cambio de posición, rechazado de inmediato por importantes miembros de su dirigencia, añadirá más combustible al conflicto que mantiene postrado al PRSC, que con la renuncia de Bello Andino parecía encaminado a un resurgimiento. Mientras tanto, que siga el entierro…

Sin papel

De todas las excusas ofrecidas en el Palacio Nacional, en un intento por justificar lo que ha venido repitiéndose (por ahí andan decretos a los que nadie, salvo sus perpetradores, le ha visto nunca un solo considerando) a lo largo de los últimos cuatro años, esta es una de las mejores, sobre todo por su desarmante simpleza: el Gobierno no ha dado a conocer los decretos contentivos de las más de tres mil pensiones que ha concedido en el proceso de transición, por falta de papel en qué imprimirlos. Quiere decir entonces que no se trata, como llegaron a creer algunos mal pensados, de un ocultamiento deliberado para no exponer al escrutinio público las pensiones concedidas a todos esos «servidores públicos», sino de un problema de abastecimiento, atribuíble a un descuido de los responsables de suplir el material gastable que se utiliza en las oficinas de la casa de gobierno. Felicitamos, de todo corazón, al imaginativo burócrata que parió esta forma tan original de quitarse de encima a los inquietos muchachos de la prensa.