Qué se dice

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Volvió a ocurrir.-  Las “manos criminales” han atacado de nuevo. Alrededor de 130  alumnos de la escuela básica Angel Rivera, en Azua, se intoxicaron ayer en la mañana luego de consumir el desayuno escolar.  Es la décima intoxicación –y la de mayor envergadura– en lo que va de año, o el décimo caso de sabotaje, si le hacemos caso a la retórica oficial conque se pretende justificar la imparable recurrencia de las intoxicaciones, “delito” que ahora investiga también, además de la Policía Nacional y los organismos de seguridad del Estado, una comisión  especial designada con ese propósito por el Procurador General de la República, el doctor Radhamés Jiménez, que ayer mismo  se trasladó a Azua para investigar in situ el nuevo “evento”.  Pero en lo que esas  pesquisas concluyen, si es que concluyen algún día, conviene estar alertas y preparados para cualquier contingencia, pues al igual que los premios de la  Lotería Nacional nadie sabe quiénes serán los próximos agraciados con una intoxicación a causa del llevado y traído desayuno escolar.

Poniendo condiciones.-  Mientras el Ministro de Educación, Melanio Paredes, se empeña en ofrecer garantías a la sociedad dominicana de que no le temblará el pulso para aplicar la recién descubierta ley 86-00 que permitiría  regular las tarifas de los colegios privados, Fauntly Garrido, presidente de la Federación de Colegios, condiciona su aplicación a la creación de un organismo descentralizado, neutral e independiente, una especie de Superintendencia, que se encargue de la categorización de los colegios, requisito indispensable para establecer un sistema adecuado y confiable de tarifas, pues el Ministerio de Educación es “juez y parte” y por lo tanto está descalificado para desempeñar ese papel. ¡Cuántas cosas hay que oír!

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