Cuando el delegado del Partido Revolucionario Dominicano ante la Junta, Darío de Jesús, percibió el revuelo de su denuncia sobre la posibilidad de un ataque al organismo electoral el próximo 16 de mayo, de inmediato comenzó a lamentar mucho que su escrito, concebido para estricto consumo interno, saliera a la luz pública crispando al país. Parece claro que la intención de su carta era motivar cierta atmósfera de miedo en torno a la Junta para algún tipo de propósito. Inevitablemente hoy tiene que estar lamentando el haber dado ese paso, pues activó con mal efecto político los recuerdos de mucha gente, y resucitó de paso una célebre ecuación que establece estrecha relación entre JCE, granada y PRD. Aunque al formular su preocupación sobre la posibilidad de acciones violentas el delegado perredeísta indica que estaba pensando en el PLD, en sectores de la ciudadanía la atención se volcó hacia “El Granadazo” de años atrás y hacia otro sangriento hecho posterior que en la historia de la JCE llevan el sello inconfundible del Jacho.

[b]El PLD, muertes y afiches[/b]

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) es afectado nuevamente por una mancha luctuosa. ¿Quién olvida al general retirado de la Fuerza Aérea Dominicana, Santiago Pérez, asesinado a martillazos en medio de una discusión con brigadistas morados que colocaban afiches en uno de los barrios de la capital en los comicios de 1996? Con similares perfiles brotó ahora la violencia a propósito del empeño de propagandistas del PLD en colocar letreros, los que se enfrascaron a tiros con un comerciante. Según la primera versión, el comerciante se oponía legítimamente a que pegaran afiches en su pared en el barrio La Isabelita. El resultado del incidente fue que dos personas perdieron la vida, incluyendo al propietario del inmueble que se enfrentó a los peledeistas. Si desde viejo los políticos tuvieran una claridad de límites sobre los derechos ajenos, estarían contribuyendo efectivamente a evitar derramamientos de sangre en las campañas.

[b]Que el pueblo hable[/b]

Después que la sociedad española recibió el duro golpe del once de marzo, el manejo oficial de la información sobre los hechos generó una intensa convulsión entre los ciudadanos ibéricos, y aunque la campaña electoral estaba ya cerrada para ese sábado que antecedía a los sufragios, mucha gente se lanzó a las calles, sin guías ni mentores, activada por una marejada de llamadas a celulares y por la Internet. Lo demás es historia. El resultado de los comicios expresó un vuelco en los índices de popularidad. No sabemos si monseñor Agripino Núñez Collado tenía en mente ese glorioso y responsable protagonismo de las masas al afirmar que la celebración en el país de elecciones limpias y transparentes es un compromiso de toda la población dominicana y no solo de la JCE. Sin embargo, no hay duda de que en toda colectividad los acontecimientos importantes deben ser influidos por comportamientos colectivos. Además de proceder con civismo, los electores tiene que ser, cada uno, guardián de rechazo a cualquier intento de adulterar la voluntad popular.