Es poco probable que el ingeniero Eligio Jáquez, jefe de campaña del PRD, estuviera consciente del alcance de sus palabras cuando pidió a los partidos, durante su participación en un programa de televisión, que utilicen un lenguaje más sereno y sosegado, pues las elecciones no se van a retrasar por más violento, difamatorio o amenazante que ese lenguaje pueda llegar a ser. Sobre todo si no acompañó al presidente Mejía en su recorrido del pasado fin de semana por el Cibao, donde el mandatario le dijo desde «azaroso» hasta «gallo pelón» al candidato del PLD, el doctor Leonel Fernández, en una frenética exhibición de virulencia que habrá hecho enrojecer a monseñor Agripino Núñez Collado, quien solo ha necesitado dos días para confirmar lo que, al momento de la firma del llamado «Pacto de la Civilidad» entre los principales candidatos presidenciales, era tan solo un oscuro y ominoso presentimiento: por enésima vez, nuestros políticos lo han vuelto a poner de mojiganga.

[b]El peor ciego[/b]

Hay que esperar -con los dedos cruzados, desde luego- que el Procurador para la Defensa del Medio Ambiente, José Trinidad Sena, haya tenido tiempo de leer la información publicada ayer en primera plana por este diario, fechada en Puerto Rico, en la que la organización ambientalista Misión Industrial de Puerto Rico (MIR) advierte sobre los peligros que encierra la inhalación del polvillo que desprende el «rockash», que podría provocar enfermedades en los pulmones tan graves como asma, bronquitis o cáncer. Sena, quien dice que todavía la Secretaría de Medio Ambiente no ha establecido la toxicidad de ese material a pesar del informe conjunto de la UASD y la Academia de Ciencias que señala que sí lo es, insiste en que hay que esperar los resultados de los estudios que se ordenaron al exterior para tomar una decisión sobre el indeseado material. Definitivamente, no hay peor ciego que aquel que se niega a ver, por interesadas razones, lo que está delante de sus propios ojos.

[b]Razones políticas[/b]

La política, en tiempo de campaña electoral, se impone por encima de cualquier otra razón, incluidas las de tipo económico, pero eso no quiere decir que se pasen por alto nociones elementales de racionalidad administrativa. La secretaría de Obras Públicas, no es un secreto para nadie, enfrenta enormes dificultades para honrar compromisos económicos tan serios como los cerca de 700 millones de pesos que se adeudan a los contratistas de los Juegos Panamericanos, sin dejar de mencionar los miles de obras que se han quedado a medio talle, por falta de recursos para terminarlas, a todo lo largo y ancho del país. Esa ostensible precariedad económica no será obstáculo, sin embargo, para que la Dirección General de Tránsito Terrestre se de el lujo de entregar licencias a tan solo 100 pesos a los miles de motoristas que se inscriban en el Plan Renove, a pesar de que ese documento cuesta, a cualquier contribuyente que no haya decidido sumarse al coro clientelista que alienta el reeleccionismo, 350 pesos.