CLAUDIO ACOSTA
c.acosta@hoy.com.do
Guerra aérea   Cuando uno ve, lee y escucha a tanta gente importante e influyente abogar por la pronta aprobación en el Congreso Nacional de la ley que autorizaría a nuestra Fuerza Aérea a derribar los aviones que incursionen en el espacio aéreo dominicano para bombardear drogas, se siente tentado a respaldar la iniciativa del diputado de la Fuerza Nacional Progresista Pelegrín Castillo, sobre todo cuando se nos recuerda la amenaza que representa el narcotráfico para una sociedad que acusa  tantas debilidades institucionales como la dominicana.

La oposición de las autoridades norteamericanas a la aprobación  de una ley de esa naturaleza en República Dominicana debió disparar algunas  alarmas, obligarnos a replantearnos su pertinencia  o si realmente estamos preparados -sin pretender ofender la profesionalidad y pericia de nuestros pilotos- para su aplicación, pero en cambio solo ha conseguido exacerbar la animosidad hacia los Estados Unidos y todo lo que huela al “gran imperio del norte” que mucha gente mantiene latente, al acecho de cualquier resquicio para salir a flote, olvidando, o fingiendo ignorar, la enorme influencia que ejercen los Estados Unidos en el diseño y aplicación de las normas vigentes en la aviación civil, sobre todo en  lo que tiene que ver con la seguridad. ¿Pueden nuestras autoridades garantizar, una vez entre en vigencia esa legislación, que nuestra Fuerza Aérea no derribará  por error, confusión o inadvertencia un avión comercial o cualquiera de las tantas pequeñas aeronaves que surcan a diario nuestros cielos? Es la primera pregunta que se haría un simple y mortal ciudadano que lleva suficiente tiempo viviendo en el maravilloso país que le vio nacer como para saber que esa es una posibilidad nada desdeñable,  y probablemente la misma pregunta que se hicieron las autoridades norteamericanas cuando se enteraron -con previsible alarma- de nuestras pretensiones de  jugar a la guerra con los narcotraficantes.