Contrario a lo que pudiera pensarse, esta columna no se siente particularmente regocijada al comprobar que tenía razón cuando advirtió hace algunos meses sobre los problemas que nos traería permitir, en abierta violación a la ley, la construcción de una sucursal del restaurante Adrian’s Tropical a orillas del mar Caribe, en la avenida George Washington. Y señalábamos que, a partir de esa «flexibilización» de la ley que regula las áreas protegidas, sería muy difícil a las autoridades negar otros permisos para instalar en esa franja del malecón cualquier otro negocio.[tend] Los trabajos de construcción de un nuevo restaurante, próximo a la estatua gigantesca de Fray Antón de Montesinos, cuyos propietarios aseguran haber pagado sus «impuestos» y obtenido los «permisos» necesarios, solo viene a confirmar aquellos temores. Claro está que nada impide que vengan otros negocios, sabrá Dios de qué índole, interesados también en operar en la zona, y así sucesivamente. Pero cuando ese hermoso litoral haya sido completamente privatizado, y no podamos siquiera aspirar una bocanada de aire marino sin tener que solicitar permiso a sus nuevos dueños, no nos quejemos. Lo tendremos totalmente merecido.

[b]Silencio impune[/b]

Lo que más irrita de esas irresponsables enajenaciones, que patrocinan -paradójicamente- quienes están llamados a ser guardianes de los bienes públicos que se les ha confiado administrar, es la impunidad en la que se ampara un despojo que se hace en nombre de un Estado que con esas acciones socava su propia legalidad. Por eso Bienvenido Brito, Administrador General de Bienes Nacionales, ni siquiera se ha dignado a responder las llamadas de los periodistas que intentan obtener una explicación a su decisión de arrendar a una empresa privada 6,000 metros del Parque Mirador Sur, el principal pulmón de los capitaleños, que por su condición de parque urbano está protegido por ley de cualquier negociación. Pero eso parece importar poco el licenciado Brito, un reincidente en esos desmanes, confiado en la debilidad de un Estado que ni siquiera es capaz de respetar sus propias reglas de juego.

[b]Miserias judiciales[/b]

Según ha sabido este diario, obviamente a través de «fuentes confiables», las labores administrativas en el flamante Palacio de Justicia de la provincia de Santo Domingo están a punto de paralizarse, debido a que los empleados llevan tres meses que no cobran sus salarios. Esa situación no afecta, sin embargo, a los fiscales, jueces y demás servidores del Poder Judicial, pero como nadie ofrece una explicación el disgusto de esos empleados, entre los que hay incluso comunicadores, podría arrastrarlos a tomar una medida extrema. Hace algunos días el presidente de la Suprema Corte de Justicia, el doctor Jorge Subero Isa, se quejaba de la sensible reducción heha por el Gobierno -más de la mitad de lo requerido- al presupuesto solicitado para poner en marcha la compleja maquinaria del Poder Judicial, advirtiendo que sin esos recursos resultará imposible que funcionen los nuevos tribunales de la provincia Santo Domingo o aplicar adecuadamente el nuevo Código Procesal Penal. ¿Será esta amenaza de los empleados un «avance» de lo que nos espera?