Qué se dice

Qué se dice

Ahora resulta que ninguno de los tres principales partidos políticos cree que haya injerencia en el discurso del señor Roger Noriega, subsecretario de Estado de Estados Unidos para asuntos del Hemisferio Occidental[tend], pronunciado ante una reunión conjunta del Senado y la Cámara de Diputados, y en el que el funcionario nos hizo puntuales sugerencias sobre la forma en que debemos manejar los «fraudes bancarios», a la vez que le recordó a nuestros esforzados legisladores, delante de sus propias narices, las responsabilidades asumidas al ser electos. Ni Reinaldo Pared Pérez, ni el ingeniero Johnny Jones, ni tampoco Eligio Jáquez han visto nada malo en esa insólita comparecencia, sin precedentes -hasta donde sepamos- en nuestra historia legislativa. Pero así está el mundo, así piensan nuestros políticos, y hay quienes dicen que todo es por culpa de la bendita globalización. Y a lo mejor es verdad, quién sabe, pero hubiera sido preferible, y mucho menos bochornoso, ofrecerle al señor Noriega otro escenario donde se permitiera la libertad de estrujarnos en la cara su imperial reprimenda.

[b]Presos y felices[/b]

Si es verdad lo que ha denunciado el licenciado Virgilio Almánzar, presidente del Comité Dominicano de los Derechos Humanos, se impone que se detenga, cuanto antes, esa infame actividad. Según Almánzar el destacamento policial de Los Mina, bautizado con el sugestivo nombre de «Felicidad», ha sido convertido en un centro de tortura y trato degradante a los presos que son llevados allí, en calidad de detenidos, para ser investigados sobre asuntos «que interesan a la institución». Estamos hablando, no tiene sentido negarlo, de una práctica muy vieja en nuestra institución del orden (las frecuentes denuncias así lo demuestran), que se resiste a desprenderse de ciertos «métodos investigativos». Pero sea por cinismo, o que se trate de una simple y casual ironía, lo cierto es que solo en este maravilloso país nuestro se nos ocurre ponerle «Felicidad» nada mas y nada menos que a un cuartel policial.

[b]Un compromiso[/b]

Tranquilizan las palabras del síndico del ayuntamiento del Distrito Nacional, Roberto Salcedo, sobre todo porque implican un compromiso: defender con celo el patrimonio público que se le ha confiado, en virtud del acuerdo suscrito entre el cabildo y la secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para el comanejo del parque Mirador del Sur. Es lo menos que puede esperarse, en las presentes circunstancias, cuando se pretende despojar a los capitaleños de un trozo importante de su principal pulmón ecológico. Salcedo se queja, también, de que los arrendatarios de esos terrenos no han solicitado al ayuntamiento el permiso de uso de suelo, tal y como disponen las ordenanzas municipales, para intervenir en el área, pero dadas las condiciones en que se produjo ese arrendamiento no debería sentirse sorprendido. Mientras tanto, y en lo que el hacha va y viene, nos conformamos con las garantías ofrecidas por el síndico de que no permitirá que se venda «una sola lata de tierra» de ese parque.

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