Mutismo-  Aunque  sospecho las razones de su mutismo, hay que preguntarse   qué espera el presidente de la Junta Central Electoral, el doctor Roberto Rosario Márquez, para ofrecerle una explicación  al país sobre lo que ocurre en el tribunal de comicios, que desde hace unos días para acá ocupa las primeras planas de los periódicos y no precisamente con buenas noticias.

La “espontánea” declaración de un grupo de más de veinte empleados del departamento de Informática, foco principal de la ruidosa discordia, afirmando  que en ese departamento reina una total armonía nos trajo a la memoria viejas prácticas trujillistas que creíamos superadas, y tal vez por eso no ha conseguido tranquilizar el ánimo de la  opinión pública. Dirigir un organismo de tanta trascendencia como la JCE, además de un privilegio muy bien remunerado, implica grandes responsabilidades, la primera de todas –egos aparte– rendir cuentas, oportuna y puntualmente, sobre la marcha de los asuntos públicos que se le han confiado.

Faltan controles-¿Quién controla, en  el país de los chivos sin ley,  la instalación de empresas metaleras? La pregunta, aunque  resulte fácil adivinar la respuesta, no es ociosa, pues esos negocios, que se mulplican  como los hongos tras las lluvias, son un eslabón fundamental en el robo y trasiego de metales, una auténtica pesadilla de seguridad pública que ha dejado a nuestras calles y avenidas  sin las tapas de las alcantarillas, los parques huérfanos de bustos y  estatuas, y hasta algunos puentes a punto  de desplomarse, simple y sencillamente porque los ladrones no respetan nada. Además de establecer  controles a la exportación de metales, que la Dirección General de Aduanas defiende a pesar de las críticas a su porosidad, se impone también una más cercana supervisión  de las operaciones de las metaleras si queremos detener el desenfrenado vandalismo hacia el que ha degenerado el robo de metales.