Qué se dice

Qué se dice

Muchas cosas podrían decirse sobre la política de endeudamiento externo de la presente administración, que muchos entienden culpable, en gran medida, de la crisis económica que golpea nuestros bolsillos de manera inmisericorde, pero nada podría ser más ilustrativo de sus características que el préstamo de 11.5 millones de dólares -poco más de 550 millones de pesos- que acaban de aprobar los senadores, destinado a financiar la señalización de todas las calles y carreteras del país. Ese préstamo, tan insensato como improcedente, le dará la razón a quienes insisten en calificar como alegre e irresponsable el patrón de endeudamiento externo seguido por el gobierno, pero también pondrá en evidencia que, en materia de irracionalidades, somos capaces de superar, incluso, nuestros propios parámetros, una auténtica proeza tratándose de un país en el que puede pasar absolutamente cualquier cosa.

[b]Inauguraciones[/b]

La queja se viene arrastrando, por lo bajo, desde que el presidente Mejía inició su maratónica jornada de inauguraciones de obras públicas a lo largo y ancho de todo el país, como parte de su campaña en pos de la reelección, pero puede convertirse, si se sigue repitiendo, en un peligroso boomerang a los fines e intereses reeleccionistas, pues las comunidades pueden interpretar como una burla que el Gobierno inaugure, con la fanfarria propia de la ocasión, obras que distan mucho de estar terminadas y en capacidad de ofrecer el servicio que demandan sus beneficiarios. La denuncia nos llega, esta vez de manera abierta, desde Barahona, donde el mandatario tiene previsto inaugurar hoy una planta de tratamiento de aguas negras que, según el Partido de los Trabajadores Dominicanos, todavía no está terminada, pues aún le falta por instalar el colector principal. ¿Tendrá razón la gente del ex senador José González Espinosa? Muy pronto lo sabremos.

[b]Malos olores[/b]

Que nuestras autoridades aeronáuticas, conjuntamente con la Secretaría de Obras Públicas, estén dando los toques finales al contrato que permitiría el cierre definitivo del vertedero de Duquesa, a espaldas de las autoridades que lo administran así como de los cinco ayuntamientos que depositan ahí su basura, no debería sorprendernos demasiado, si asumimos que la bendita transparencia, en este caso la obligación de los funcionarios de rendir cuentas públicas de sus acciones, sigue siendo la gran asignatura pendiente de quienes nos han gobernado hasta ahora. Eso no quiere decir, sin embargo, que pasemos por alto el sospechoso secretismo conque se está manejando el traslado de ese vertedero, condición indispensable para que pueda autorizarse la operación del aeropuerto El Higuero, lo que acrecienta la convicción de mucha gente, entre la que hay que incluir a los empresarios aeronauticos que operan en Herrera, de que en todo ese lío hay algo que no huele bien y no es -insistimos- el vertedero.

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