El doctor Rafael Suberví Bonilla ha sorprendido fuera de base al mundo político con su anuncio, desde el mismo Palacio Nacional, de que será el candidato presidencial del PRD en las elecciones del 2008, sin que el perredeísmo haya superado todavía la severa conmoción provocada por la derrota y sin que haya habido tiempo tampoco de sentarse a analizar, todos juntos, los motivos de ese histórico revés. La prematura salida al ruedo de Suberví Bonilla busca, evidentemente, el mejor posicionamiento posible en la que promete ser una larga carrera por la candidatura presidencial, que en su caso tiene ya un largo trecho recorrido. Con la ventaja añadida de que su slogan «Quiero ser Presidente y voy a ser Presidente», que utilizó en la convención en la que fue derrotado, en forma aplastante, por el presidente Mejía, tiene una vida útil tan larga como sus aspiraciones de terciarse algún día la banda presidencial.

[b]Iniciativas legislativas[/b]

Parece que el Poder Ejecutivo se ha dado cuenta de la necesidad de que el Congreso Nacional apruebe algunos proyectos de ley que de repente han cobrado extraordinaria importancia, pero ese interés de última hora por algunas iniciativas legislativas, para cuyo conocimiento y aprobación se ha tenido todo el tiempo que otorga un mandato, solo ha despertado suspicacias. Sobre todo porque el mismo gobierno que ha roto todos los records de endeudamiento del Estado dominicano es el que habla ahora de establecer un tope al endeudamiento para cada ejercicio fiscal, y el mismo -también- que pretende regular las compras y contrataciones de bienes y obras del Estado, el famoso grado a grado, después de darse el gusto repartiendo obras a manos llenas y a su mejor conveniencia. Si a eso sumamos el hecho de que ya se está planteando, en círculos pepeachistas, la necesidad de que los presidentes de ambas cámaras legislativas ejerzan a plenitud sus potestades democráticas, entre ellas la supervisión y control de las acciones del Presidente de la República y sus ministros, no hace falta ser brujo para saber lo que se está tramando.

[b]Pensiones[/b]

La Ley General de Educación, en su artículo 171, es demasiado clara en cuanto a los requisitos que se exige a un servidor del sistema educativo para que pueda considerársele con derecho a recibir una jubilación, por lo que hay que concluir, inevitablemente, en que no ha podido ser inocente la decisión de la secretaría de Educación de solicitar una pensión para varios de sus funcionarios, como señala una denuncia -todavía sin desmentir de manera convincente- del diario El Caribe. Si eso es verdad quiere decir, simple y sencillamente, que esos privilegiados ciudadanos, recién llegados al sistema educativo, tendrán el mismo derecho que la ex secretaria de Educación Ligia Amada Melo viuda Carmona, con la única diferencia de que la consagrada educadora, que ha dedicado más de la mitad de su vida a la enseñanza, no ha cobrado un solo centavo de una pensión que tiene todo el derecho del mundo a recibir, sino fuera porque la mezquindad política de las actuales autoridades se la ha negado.