El pasado mes de noviembre el Procurador General de la República prohibió a todos los fiscales del país, mediante la resolución 14783, ordenar la privación de libertad de ciudadanos y ciudadanas sin antes contar con la correspondiente autorización de un juez competente, al tiempo de instruirles que a cada persona, antes de ser arrestada, le fueran leídos sus derechos constitucionales. Esa resolución buscaba, según declaró el doctor Víctor Céspedes Martínez en la ocasión, ir creando las bases para la aplicación plena del nuevo Código Procesal Penal, que se espera entre en vigencia, de manera definitiva, en septiembre próximo. ¿Se han cumplido esas disposiciones en el caso de los dirigentes populares apresados por sus alegados vínculos con los organizadores de la huelga programada para hoy? ¿O será que todavía, como ocurre desde hace tanto tiempo, los «asuntos que interesan a la institución» están por encima de un simple pedazo de papel que habla tan solo de derechos ciudadanos y otras democráticas pendejadas?

[b]La respuesta[/b]

Parece que ha resultado imposible persuadir a la gente del PPH de que aplace para otra fecha la asamblea de delegados en la que se proclamará al mandatario como candidato presidencial, hasta tanto sea aprobado en el Congreso Nacional el proyecto de ley del voto preferencial presidencial. Los pepehachistas, fieles a su guión, argumentan que ya es muy tarde para una nueva posposición, pero que una vez sancionada favorablemente la propia ley establece los mecanismos para la inscripción de las candidaturas, a los que puede acogerse todo el que aspire a terciarse la ñoña en el perredeísmo. Tanto el doctor Rafael Suverví Bonilla como la doctora Milagros Ortíz Bosch están en su derecho, si ese es su deseo, de seguir aferrados a esa última esperanza, en sus esfuerzos de evitar el desmembramiento definitivo del PRD. Nosotros hubiésemos preferido, en cambio, que prestasen mayor atención a lo que sucede en la JCE, donde los partidos políticos recibirán, a más tardar el 27 de marzo próximo, poco más de 400 millones de pesos como contribución del Estado a su campaña electoral. ¿A quién le entregará el tribunal de elecciones esos recursos? El próximo sábado, consumados los hechos anunciados, conoceremos la respuesta.

[b]Ideales patrios[/b]

No faltaron, como era de esperarse, las ofrendas florales, ni tampoco los desfiles de estudiantes marchando solemnes, con la enhiesta bandera tricolor en sus manos, desde el Instituto Duartiano hasta el Parque Independencia. Pero todos esos actos, que incluyeron una misa solemne en la iglesia de Santa Bárbara, parecieron poca cosa para rendir homenaje al hombre que lo dio todo, incluída su fortuna personal y familiar, para que hoy pudiésemos pronunciar, con renovado orgullo, el sagrado nombre de la patria. El profesor José Pérez Saviñón, presidente del Instituto Duartiano, atribuyó la tibieza de la celebración al hecho de que los valores duartianos se han perdido hace tiempo, incluso desde la misma época en que se fraguó la independencia de la república. Esa verdad tan dolorosa no justifica, sin embargo, la ausencia en esos actos de funcionarios del Gobierno, principal responsable de mantener vivo, en las presentes y futuras generaciones, el fecundo ideario del Padre de la Patria.