La ayuda internacional sigue llegando, copiosa y abundante, a la atribulada comunidad de Jimaní, lo que hace presumir que a la hora de sacar cuentas no solo habrá recursos suficientes para reconstruir lo que destruyeron las embravecidas aguas sino también para que la vida en esa zona sea incluso mejor, en muchos aspectos, que antes de la gran tragedia. Eso supone, sin embargo, un manejo pulcro, racional, de todos esos recursos, para que lleguen allí donde verdaderamente hacen falta. La propuesta que formula el presidente electo, el doctor Leonel Fernández, para que una comisión en la que participe la Iglesia Católica, organizaciones no gubernamentales, así como miembros de los sectores más representativos de la sociedad sea la que coordine la asistencia a Jimaní bien podría cumplir ese noble propósito, pero solo si es completado colocando a Jimaní, al igual que el resto de las comunidades fronterizas, en un lugar privilegiado de la agenda nacional.

[b]Cuentas claras[/b]

Si los miembros de la Cámara de Cuentas que aún permanecen en ese organismo no obtemperan, como suelen decir los abogados, a la exigencia del senador Tonty Rutinel de que renuncien de inmediato a sus cargos, habrá que estar preparados para nuevas revelaciones, esta vez «de mayor calibre», según ha prometido el legislador, que las acusaciones de los renunciantes magistrados Raul Reyes Vásquez y Mayra Cochón Trujillo. Rutinel opina que los jueces que quedan, siete en total, deberían tener la verguenza de seguir el ejemplo de sus colegas, o de lo contrario saldrán a relucir las «acciones de corrupción» que habrían cometido en el desempeño de sus funciones. Sería bueno saber, aunque solo sea por curiosidad, qué pasaría si esos magistrados finalmente ceden a las presiones y abandonan sus cargos. )Nos quedaríamos sin saber qué pasó realmente en una institución que, a juzgar por la gravedad de lo denunciado, no parece tener sus cuentas muy claras?

[b]Pobres razones[/b]

Aún siendo deliberadamente indulgentes resulta difícil aceptar como buenas y válidas las razones esgrimidas por el gobierno para no someter al Congreso Nacional, tal y como acordó con los técnicos del Fondo Monetario Internacional, la reforma tributaria, sobre todo después de la revelación, todavía sin desmentir, del licenciado Danilo Medina, de que los técnicos oficialistas no tienen ni siquiera un borrador de esa reforma. Se entiende, en la mezquina lógica de los vencidos, que un gobierno saliente prefiera no asumir el enorme costo político que acarrearía la aprobación de una reforma de esa envergadura, pero de ahí a que no exista ni siquiera un papelito sobre un asunto tan importante hay un trecho muy largo. A menos que el gobierno estuviese tan convencido, a pesar de sus pronósticos triunfalistas, de su derrota electoral, que no se puso a trabajar en lo que de antemano sabía era una responsabilidad de los próximos inquilinos del Palacio Nacional.