Cuando en mayo del pasado año los medios de comunicación expresaron su rechazo a los aprestos de la Liga Municipal Dominicana para adquirir, mediante licitación pública, un helicóptero para ser utilizado en las tareas propias de la entidad rectora de los ayuntamientos, simplemente recogían el sentir de sectores que entendían que la adquisición de la aeronave, valorada en 8 millones de pesos, resultaba un gasto excesivo, poco oportuno y difícil de justificar en un país pobre y plagado de carencias como República Dominicana. Atendiendo a esas objeciones fue que el doctor Amable Aristy Castro anunció que desistía de la compra, pues como hombre humilde, que sabe escuchar «la voz de la mayoría», se acogía a esas peticiones. Por eso ha causado tanta confusión la versión de que el organismo adquirió de todas maneras ese helicóptero, puesta a circular por un periodiquito regional, sobre todo porque en la Liga Municipal Dominicana no hay quien diga esta boca es mía, a pesar de las insistencias, un misterio que solo contribuye, como siempre cuando falta información veraz y oportuna, a crear mayores suspicacias y malentendidos.

[b]Justicia injusta[/b]

No creemos que alguien esté en el ánimo de discutir, porque esa es, en definitiva, tarea de la Justicia, los niveles de responsabilidad penal de los ciudadanos orientales Chen Gow Chai y Ng Choon Seng, acusados junto al diputado Radhamés Ramos García de tráfico de indocumentados a través de la frontera con Haití. Pero su presencia en nuestras cárceles, donde todavía permanecen por carecer de recursos conqué pagar la fianza de 500 mil pesos que les impuso a cada uno la Suprema Corte, va a terminar convirtiéndose en una afrenta difícil de asimilar. Por lo menos mientras el principal imputado por esos hechos ande por ahí estrujándonos en la cara su impunidad, o siga sin aclararse el destino dado a 40 mil dólares que los orientales alegan les fueron incautados por las autoridades de Migración al momento de su apresamiento. Hacer una gran colecta para liberarles, como proponía alguien -medio en serio medio en broma- el otro día, es desde luego inadmisible, pero también lo es que esa gente, en un momento de suprema desesperación, ofrezca en venta cualquiera de sus órganos vitales para poder pagar el precio de su ansiada libertad.

[b]La amenaza[/b]

¿Puede la Suprema Corte de Justicia convertirse en un instrumento de control preventivo de la constitucionalidad o no de nuestras leyes? La respuesta a esa pregunta habrán de darla, en su momento, nuestros sapientísimos juristas, si acaso logran ponerse de acuerdo en una materia tan delicada, a propósito de la instancia elevada por el Senado de la República pidiéndole a nuestro máximo tribunal su opinión sobre la constitucionalidad del proyecto de ley del voto preferencial presidencial. Lo que no puede hacer la Suprema, a la hora de evaluar esa o cualquier otra ley, es permitir que prevalezcan los criterios políticos por encima de los jurídicos, como acaba de sugerir el doctor Rafael Suberví Bonilla, convencido de que esa es la única forma de salvar al sistema de partidos de una crisis que nadie sabía que existía y mucho menos que representara una amenaza tan seria.