Una nota del diario El Caribe dice que el presidente de la Junta Central Electoral, el doctor Luis Arias, y el coordinador de la Comisión de Seguimiento a los Trabajos de la JCE, monseñor Agripino Núñez Collado, reaccionaron molestos, condenando la publicación de algunos detalles sobre un informe acerca del área informática del organismo comicial. Y añade que Núñez Collado hasta pidió una investigación sobre la filtración a la prensa de ese documento, que hasta ayer se ignoraba fuera un secreto de Estado. La verdad es que aquí vivimos de asombro en asombro, porque hasta donde se sabe todo lo electoral es incumbencia de los ciudadanos. No quisiéramos pensar que Arias y Núñez Collado han llegado a creer que aquello les pertenece en exclusividad. Los votantes, los partidos políticos y la sociedad toda tienen que ejercer su derecho a saber todo lo relacionado con las próximas elecciones. Lo que anda bien y lo que no anda bien, lo que hay que arreglar y lo que funciona a la perfección. Nada de secretismos, nada de misterios, y la prensa que continúe su trabajo de vigilancia. Hay que vigilar la Junta y también la Comisión. Ahora estaremos alertas para ver qué se hará con el contenido de este interesante informe sobre las cuestiones informáticas de la Junta Central Electoral.

[b]Prisas inexplicables[/b]

Debe ser por culpa de la prisa, ciertamente inexplicable, conque las autoridades aeronáuticas han manejado el caso, pero hay demasiadas incógnitas sin despejar en torno al traslado de las operaciones del aeropuerto de Herrera al Higüero, para lo cual el director del Departamento Aeroportuario, Carlos Gabriel García, concedió un plazo de 25 días a los empresarios que durante más de veinte años han estado operando en esa terminal para que recojan sus motetes y se muden a la que sería su nueva casa. Sobre todo después de leer las explicaciones ofrecidas por el experto en ingeniería sanitaria William Castellanos Baduí, presidente de la firma que administró durante varios años el vertedero de Duquesa, quien asegura que reubicar ese depósito de desperdicios, requisito indispensable para autorizar la operación de la nueva terminal, costaría cerca de 700 millones de pesos, aparte del tiempo que tomaría para concluir su instalación, que estima en alrededor de tres años. ¿Cuál es la prisa entonces? Por eso es que la gente de Herrera piensa, con razón o sin ella, que en su precipitado desalojo hay algo que no huele bien, y no es precisamente el vertedero.

[b]Vandalismo[/b]

Son actos de vandalismo callejero que se multiplican, como una peligrosa epidemia, por toda la geografía nacional, para desgracia de una población que se siente cada vez más vulnerable ante esos desmanes. Esta vez le ha tocado el turno a la Fundación coronel Fernández Domínguez, de donde unos desaprensivos sustrajeron dos de las tarjas que honran la memoria de los caídos el 19 de mayo de 1965, durante la Guerra de Abril. Pero hace tan solo unos días «un grupo de tígueres», según cuentan vecinos de San Carlos, dejó sin luz un largo tramo de la avenida México, al sustraer todo el cableado subterráneo que alimenta de electricidad los semáforos y los postes de iluminación vial. La frecuencia conque se reportan esos delitos hacen suponer que existe un mercado atractivo, rentable, para este tipo de «mercancía», que también incluye las tapas de las alcantarillas, pero la creciente audacia que exhiben sus autores es lo que realmente preocupa. Y mucho.