Nombres–  Quienes todavía esperan por los  nombres de los supuestos precandidatos vinculados o financiados por el narcotráfico, que según el denunciante, el doctor Marino Vinicio Castillo, son alrededor del 30% de los actuales aspirantes, deben esperar sentados y bien cómodos, pues no está dispuesto a ofrecerlos el presidente de la Comisión de Etica y Combate a la Corrupción, a quien en buena lógica es a quien corresponde, ni los van a dar tampoco los legisladores que alegan sentirse afectados, como aspirantes a repetir en sus cargos, por la innominada imputación, a pesar de que el doctor Castillo les dijo cómo y dónde buscar.

Y es que la cosa no es tan fácil como la pintan en los periódicos los espontáneos opinantes sobre tan apasionante tema o los propios partidos políticos, que no solo se han apresurado  a dar garantías de que impondrán controles estrictos que impidan que se cuelen advenedizos sino que también dicen estar dispuestos, como propone la JCE, a exigir certificados de buena conducta a sus precandidatos, pues en caso de que  se dieran a conocer esos nombres habría que proceder de inmediato, con las pruebas en las manos, a demostrar que esos vínculos existen o que  los recursos que utilizan para promoverse electoralmemte provienen de fuentes no santas, y que así lo considere también un juez luego de un juicio público, oral y contradictorio.

El primero que está consciente  de esa realidad es el propio doctor Castillo, abogado de dilatado ejercicio y conocedor  mejor que nadie del vacío jurídico que existe en esa materia, aunque justo es reconocer que el debate generado por su denuncia nos mantiene bastante entretenidos, pero lamentablemente  solo hasta que se produzca algún acontecimiento o escándalo que nos obligue a pasar  la página, y en un tiempo  no muy lejano ya nadie se acuerde de los narcocandidatos, por qué era importante conocer sus nombres ni cómo aterrizaron, finalmente,  en el sagrado recinto del Congreso.