Piñata.- Conociendo, como ya conocemos, el comportamiento del comesolismo en el poder, nadie puede alegar sorpresa porque los apartamentos de lujo que construyó el INVI en la avenida Luperón se repartieran entre funcionarios,  militares vinculados al ex presidente Leonel Fernández, aliados políticos, canchanchanes y protegidos del gobierno y el partido oficial, pues al fin y al cabo los peledeístas  han llegado a creerse que ellos son el Estado dominicano y que, por lo tanto, todos sus bienes y riquezas les pertenecen por derecho propio.

Incluir en el reparto de la piñata a jueces de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal Constitucional, a miembros de organismos de control y fiscalización del uso de los recursos públicos   como la Cámara de Cuentas, así como a periodistas de distintos medios de comunicación cumple un propósito retorcido y perverso que va más allá del clientelismo inmobiliario  que allí  se practicó o la “democratización” de los privilegios del poder, a saber: garantizar impunidad a los beneficiarios de ese reparto, y por supuesto, también a quienes  repartieron, y silenciar las eventuales críticas y cuestionamientos de esos medios  cuando estallase, como en efecto estalló, el escándalo, al conocerse los nombres y el pedigrí de los agraciados. 

El último propósito se ha cumplido –hay que decirlo– de manera vergonzante, y tal y como pinta este  país y su futuro no tengo dudas de que los perpetradores de ese reparto indecente de los bienes públicos será cubierto por un denso  manto de impunidad.