Fallas de control- Un simple ejercicio de sentido común permite concluir que, por más deficientes que sean los controles en el hospital regional José María Cabral y Báez, de Santiago, no es posible que el doctor Alcántara hiciera todo lo que dicen que hizo sin contar con la ayuda o la complicidad de algún personal del centro de salud. El director del hospital, que no ha tenido más remedio que admitir ciertas fallas de control sobre el personal bajo su mando, también lo cree así, y el ministro de Salud Pública, que se enteró del escándalo por los periódicos, ha prometido (también por los periódicos) que cancelará a los que se compruebe ayudaron al falso médico, al que –dice– someterá a la justicia. Es evidente, sin embargo, que el daño ya está hecho y que el episodio, que debería asentarse en algún libro de récord, tardará un buen tiempo en ser olvidado a pesar de que esta sociedad perdió hace tiempo la capacidad de asombro.
Multas de tránsito.- Es difícil no estar de acuerdo, considerando el caos que reina en nuestras calles, con el director de Amet cuando propone que los conductores que violen (¡qué palabra más horrible!) la luz roja de los semáforos deberían pagar multas de hasta un salario mínimo, tal y como está contemplado en un proyecto de ley que cursa en el Congreso Nacional. Según el mayor general José Aníbal Sanz Jiminián ese proyecto de ley haría obligatorio que los menores de catorce años de edad vayan en el asiento trasero del vehículo y con el cinturón de seguridad puesto, como parte de un esfuerzo por hacer más rígida y coercitiva la relajada ley de tránsito. Claro está, ese esfuerzo, sin duda loable y necesario para poner orden allí donde impera tan solo la ley de la selva, se quedará tan solo en las buenas intenciones, como tantas de nuestras leyes, si no se resuelve antes el problema de cómo cobrar las multas que se imponen a los infractores, pues según estadísticas de Amet solo el 3% las paga.